La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este martes una solicitud ante un tribunal federal de apelaciones para que se anulen las condenas de cuatro prominentes miembros de la milicia ultraderechista “Proud Boys” por su involucramiento en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Además, pidió que el caso sea cerrado de manera definitiva, sin posibilidad de reapertura.
En un escrito formal ante un tribunal en Washington, el Departamento de Justicia de la administración Trump argumentó que las sentencias contra los acusados deberían ser revocadas y que el caso se desestimara “con perjuicio”, lo cual impediría que el proceso se reactivara en el futuro.
Los cuatro individuos mencionados en el documento son Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl y Dominic Pezzola, quienes fueron identificados por las autoridades como figuras clave dentro de la estructura organizativa de los “Proud Boys”, grupo extremista vinculado al ataque al Capitolio. Estas figuras ya habían sido condenadas por su rol en los disturbios y, en 2025, Trump concedió conmutaciones de sus sentencias tras retomar la Casa Blanca, un hecho que suscitó gran controversia.
Desde su regreso a la presidencia en 2025, Trump ha promovido medidas favorables para los condenados por el asalto al Capitolio, incluyendo perdones y conmutaciones a aproximadamente 1.500 personas involucradas en los eventos del 6 de enero, lo que resultó en la liberación o reducción de penas para la mayoría de los implicados.
En paralelo, la Radio Pública Nacional (NPR) reportó que el gobierno de Trump intentó suprimir registros relacionados con el asalto, eliminando términos como “disturbios” y “motín” de los documentos oficiales, además de despedir a varios fiscales que trabajaron en los casos. La Administración también ha sido acusada de atacar a la prensa, particularmente en relación con recortes de fondos dirigidos a medios como NPR.
En el quinto aniversario del ataque, Trump se refirió a los participantes del asalto como “grandes patriotas” y evitó calificar sus acciones como un “levantamiento”, término utilizado por los opositores demócratas.
Por otro lado, el grupo de derechos civiles CREW denunció que más de treinta personas indultadas por Trump en relación con el 6 de enero han vuelto a ser detenidas por delitos graves, como abuso sexual a menores, posesión de pornografía infantil, y amenazas contra figuras públicas, como el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.
