La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, aseguró este jueves que las pruebas presentadas por el Ministerio Público en el proceso por presunta corrupción administrativa contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre y otros imputados darán lugar a sentencias “duras, firmes y ejemplares”.
Ortiz ofreció sus declaraciones durante un receso del juicio que se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde el órgano acusador expone sus conclusiones en el caso vinculado a las operaciones Coral y Coral 5G. Según explicó, los argumentos del Ministerio Público han sido presentados desde el inicio del proceso y respaldados con pruebas durante el desarrollo de las audiencias.
En respuesta a los planteamientos de los imputados en medios de comunicación, la funcionaria enfatizó que los debates deben centrarse en el tribunal, donde se valoran las evidencias y los argumentos de las partes. “Las pruebas están ahí, se han presentado y sustentan nuestras conclusiones. Este proceso dará lugar a sentencias ejemplares”, reiteró.
El caso se sigue contra varios acusados señalados por el Ministerio Público de integrar una estructura que habría afectado al Estado con más de RD$4,500 millones. La acusación sostiene que los imputados utilizaron instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) para realizar operaciones fraudulentas y desviar fondos públicos.
En febrero pasado, el órgano acusador solicitó penas de hasta 20 años de prisión y multas de entre 200 y 400 salarios mínimos, dependiendo del grado de implicación atribuido a los procesados. Entre los principales acusados figuran altos mandos militares, como Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou, el coronel Rafael Núñez de Aza y el general Rafael Camilo de los Santos Viola, además de civiles vinculados al entramado.
El proceso judicial ha sido uno de los más extensos en materia de corrupción administrativa en República Dominicana. La fase de fondo cumple en junio dos años de litigio, mientras que el expediente completo se aproxima a cinco años, considerando que las medidas de coerción fueron impuestas en 2021. Durante este tiempo, el Ministerio Público ha presentado más de 3,500 pruebas, incluyendo documentos, peritajes, testigos y evidencias materiales, en un expediente que supera las 3,200 páginas.
La Fiscalía también ha solicitado la disolución de varias empresas vinculadas al caso, el decomiso de bienes incautados —entre ellos propiedades, vehículos de lujo y dinero en efectivo— y sanciones económicas millonarias. Según Ortiz, estas medidas buscan garantizar que los recursos sustraídos sean devueltos al Estado y que se sienten precedentes claros contra la corrupción.
Las juezas del tribunal, presidido por Giselle Méndez e integrado por Jissel Naranjo y Tania Yunes, dispusieron un receso en la audiencia hasta las 2:30 de la tarde de este jueves, cuando continuará el conocimiento del caso. La expectativa es alta, pues se trata de un proceso que involucra a figuras de alto rango militar y a instituciones clave del Estado, lo que lo convierte en un símbolo de la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.
Organizaciones de la sociedad civil, como Participación Ciudadana, han advertido sobre la importancia de que este caso concluya con sentencias ejemplares para evitar que se imponga la impunidad. La prolongación del juicio y los múltiples incidentes interpuestos por las defensas han generado críticas sobre la lentitud del sistema judicial y el riesgo de que los expedientes se extingan por exceso de tiempo.
En definitiva, las declaraciones de Mirna Ortiz refuerzan la posición del Ministerio Público de que las pruebas son suficientes para obtener condenas firmes. El fallo que emita el tribunal será decisivo no solo para los acusados, sino también para la credibilidad del sistema de justicia dominicano en su lucha contra la corrupción.
