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La reciente presentación de un proyecto de modificación a la Ley 1-24, que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha suscitado un intenso debate en el Senado de la República. Diputados de diversas bancadas expresan su esperanza de que esta vez se aborden las falencias de la legislación original, promulgada el 15 de enero de este año.
Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo, calificó la aprobación inicial como un grave error, advirtiendo que la propuesta podría vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos. «Ha quedado claro que se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno y los medios de comunicación. Sin embargo, en la Cámara de Diputados revisaremos a fondo esta situación para asegurarnos de que no se comprometan derechos básicos», afirmó Castillo.
Por su parte, el congresista Alcibiades Tavares subrayó la importancia de proteger tanto a la prensa como a la ciudadanía de posibles abusos. «Buscaremos realizar las modificaciones necesarias para que la ley no afecte a la clase periodística ni a los ciudadanos en general», enfatizó.
Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), agregó que su propuesta ante la comisión busca salvaguardar la intimidad de la población. «Queremos asegurar el derecho a la privacidad y el secreto profesional de los periodistas, clarificando los puntos ambiguos que surgieron en la versión anterior de esta ley», dijo Henríquez.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, entregó el proyecto de ley tras un consenso con sectores de la sociedad civil. La nueva iniciativa busca aclarar y especificar los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley 1-24, con el objetivo de respetar los derechos constitucionales en la práctica de la inteligencia.
Entre los cambios más significativos, se plantea fusionar los artículos 1 y 2 para definir términos clave relacionados con la inteligencia y asegurar una mejor coordinación con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) para proteger la privacidad de los usuarios. Además, se propone reforzar las garantías en la obtención de información, exigiendo la autorización judicial para cualquier procedimiento que restrinja derechos fundamentales.
