Francisco “Pancho” Álvarez Valdez, coordinador general de Participación Ciudadana (PC) —capítulo dominicano de Transparencia Internacional—, ha construido durante décadas una imagen pública de guardián de la ética y la transparencia en la República Dominicana. Sin embargo, una serie de supuestas denuncias y cuestionamientos que han circulado en la prensa escrita y en videos difundidos por sus propios actores ponen en entredicho la autoridad moral con que ejerce ese liderazgo. La pregunta que hoy se hacen muchos dominicanos es inevitable: ¿puede un hombre señalado de múltiples irregularidades presidir la institución que se erige como conciencia cívica del país?
El choque con Jean Alain: acusaciones que sacuden a PC
La tormenta más reciente estalló cuando el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez —imputado en un caso de presunta corrupción millonaria—, lanzó graves acusaciones públicas contra Álvarez en el marco del denominado “8vo informe” que Participación Ciudadana publicó sobre los casos de gran corrupción administrativa.
Rodríguez afirmó, en rueda de prensa, que durante sus cuatro años al frente de la Procuraduría tuvo múltiples interacciones con Álvarez, quien supuestamente acudía a su despacho a hacerle preguntas del tipo “¿qué quieres que diga?, sin importar si fuera cierto o no”. El exfuncionario llegó más lejos al sostener que desde Participación Ciudadana presuntamente se le pedía “que hiciera daños a personas” o que se les citara ante la justicia, independientemente de su inocencia. Rodríguez además acusó a Álvarez de buscar perjudicarlo con ese informe con la finalidad de obtener “beneficios personales”.
La respuesta de Álvarez no disimuló una grieta incómoda: el coordinador de PC reconoció haber visitado el despacho del entonces procurador en al menos dos ocasiones. Justificó la primera como gestión profesional privada de un caso que llevaba como abogado —y aclaró que fue acompañado por “un prestigioso colega”—, y la segunda para solicitar el envío de fiscales a Brasil en el marco del caso Odebrecht. La opinión pública no ha tardado en señalar que esa admisión resultaba problemática: aunque Álvarez intentó defenderse, terminó confirmando lo esencial de lo que se le cuestionaba. ¿Qué hacía el máximo representante de la organización anticorrupción del país visitando en privado, como abogado litigante, al Procurador General de la República?
En el litoral de Álvarez han calificado las acusaciones de Jean Alain como “calumnias” y las atribuyen a la reacción de un imputado acorralado por las investigaciones. Ese argumento tiene peso —Rodríguez enfrenta cargos de haber supuestamente estafado al Estado en más de 6 mil millones de pesos—, pero no borra la incomodidad que genera la situación: que el acusador de hoy sea un imputado no exonera automáticamente al acusado de ayer.
El fantasma del caso Corporán: la estafa que no se ha aclarado
Más grave aún resulta una supuesta denuncia que circula desde hace años y que ha cobrado nueva relevancia ante las actuales polémicas: el presunto papel que habría jugado Pancho Álvarez en la ruinosa venta del Circuito Corporán.
Rafael Corporán de los Santos, “El Campeón de la Televisión”, fue uno de los comunicadores más populares y queridos de la historia dominicana. En 2003, en medio de la devastadora crisis económica del gobierno de Hipólito Mejía, Corporán se vio forzado a vender su Circuito Corporán, un grupo de 21 emisoras radiales que representaba el corazón de su imperio mediático. El comprador fue Pedro Castillo, entonces presidente del Banco del Progreso —quien años después sería condenado a 10 años de prisión por un fraude de más de 14 mil millones de pesos contra esa misma institución financiera.
La transacción, según versiones que han circulado ampliamente en medios dominicanos y en relatos de personas cercanas a Corporán, habría estado viciada desde su origen. Se alega que el contrato de compraventa fue firmado mientras Corporán se encontraba en cuidados intensivos, incapacitado para negociar en igualdad de condiciones. El documento supuestamente no incluía ninguna cláusula de protección contra la devaluación monetaria, lo que en el contexto de la crisis cambiaria de la época resultaba altamente significativo. Esto habría permitido que Castillo pagara apenas 46 millones de pesos por las emisoras, cuando el acuerdo original habría sido de 185 millones. Semanas antes, el banquero Ramoncito Báez, de Baninter, habría ofrecido 374 millones de pesos por el mismo paquete, oferta que Corporán rechazó confiando en Castillo.
Estas versiones señalan que Pancho Álvarez, en su condición de abogado de Pedro Castillo, habría sido el arquitecto legal de esa transacción. Se le atribuye haber estructurado un contrato que terminó dejando al comunicador en la ruina, en un momento de extrema vulnerabilidad. Corporán, quien construyó un imperio mediático y ayudó a miles de dominicanos desde sus micrófonos, murió en 2012 en la pobreza más absoluta, según testimonios de personas cercanas a su familia. Sus hijos, según esas mismas versiones, habrían enfrentado posteriormente condiciones de vida precarias.
Un video difundido en redes sociales y declaraciones atribuidas a su entorno apuntan directamente a Álvarez como el abogado que habría facilitado esa operación.
Un patrón que exige respuestas
Lo que hace especialmente delicado el escenario no es ninguna de estas acusaciones por separado, sino su confluencia. Pancho Álvarez preside una organización que se dedica a observar y denunciar públicamente la conducta de fiscales, jueces y funcionarios acusados de corrupción. Participación Ciudadana lleva un Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa que ya ha publicado ocho informes de seguimiento. Esa labor es legítima y valiosa, pero su legitimidad depende de algo esencial: que quienes la ejercen estén por encima de toda sombra razonable de duda.
Hoy pesan sobre Álvarez al menos dos cuestionamientos públicos: su supuesta utilización de su doble condición de abogado litigante y activista cívico para visitar a autoridades del Ministerio Público, y su presunto rol en una transacción comercial que habría arruinado a uno de los comunicadores más emblemáticos del país. Ninguna de estas acusaciones ha sido probada judicialmente, y Álvarez las niega. Pero en términos de credibilidad institucional, el estándar no es penal, sino de confianza pública.
Como señaló Diario Libre, el choque entre Jean Alain y Álvarez “más que aportar claridad, revive viejas confrontaciones en medio de procesos judiciales que el país espera ver avanzar”. Sin embargo, esa distracción no es neutra: beneficia al imputado y erosiona la credibilidad del ente fiscalizador.
La renuncia como acto de coherencia
La posición de Participación Ciudadana ante la crisis institucional dominicana ha sido constante: cuando hay señalamientos y dudas, la persona cuestionada debe apartarse para no contaminar el proceso. Esa es la doctrina que PC ha aplicado a funcionarios, fiscales y políticos señalados.
Esa misma doctrina debe aplicarse ahora a su propio coordinador.
Pancho Álvarez ha servido a Participación Ciudadana durante casi tres décadas. Esa trayectoria merece reconocimiento. Pero precisamente por respeto a esa trayectoria, y por respeto a la institución que lidera, la salida más coherente sería apartarse del cargo mientras las dudas sobre su conducta —tanto en el caso Corporán como en sus supuestos contactos con el Ministerio Público— no sean aclaradas de forma transparente ante la opinión pública.
Una organización que exige rendición de cuentas no puede quedar al margen de ese mismo escrutinio sin caer en contradicción.
