Desde hace un tiempo, en la República Dominicana es visible cómo los grupos sociales han pasado a jugar un rol de presión y preponderancia tan amplio que han desplazado de las discusiones a los políticos, quienes parecen estar dominados más por intereses que por las causas sociales.
Lo que ocurre no es un fenómeno normal, sino el proceso de desgaste de los partidos, que obliga a los grupos sociales y a las comunidades a agruparse para reclamar sus luchas sin representación política.
Esta evidencia data de 2011, cuando la sociedad se agrupó bajo las sombrillas amarillas para reclamar el 4 % del producto interno bruto (PIB) para la educación, lucha que sirvió para separar la paja del trigo y unificó a toda la sociedad en torno a un tema tan sensible que obligó a los partidos a comprometerse y entregar lo establecido por ley.
Posteriormente siguió la lucha contra la explotación de Loma Miranda, llevando al gobierno de Danilo Medina a solicitar un estudio ambiental al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que certificó que dicho proyecto no era viable.
Después, la sociedad, hastiada de la impunidad, decidió marchar contra la corrupción y, aunque dicho fenómeno social fue infiltrado por partidos y políticos, jugó su rol en un momento determinado, pero para el 2020 se desinfló como un globo.
Tras la reelección del presidente Luis Abinader en 2024, se propuso una reforma fiscal para hacer un balance en las finanzas públicas, y fue la sociedad, con cacerolazos y manifestaciones, la que obligó al gobierno a retirar el referido proyecto del Congreso Nacional.
La sociedad ha decidido asumir luchas sociales al margen de los partidos y sus políticos, lo que supone un reto para estas organizaciones, ya que las comunidades y los grupos sociales no los ven como interlocutores válidos en algunas localidades para reclamar sus demandas.
Un caso reciente lo significó el primer aniversario de la tragedia de la discoteca Jet Set, donde los políticos brillaron por su ausencia. Ni siquiera hubo un mensaje de conmemoración por la tragedia más grande ocurrida en la República Dominicana en su primer año. Ningún líder político hizo acto de presencia ni se expresó sobre el tema, mientras la sociedad aún llora a sus muertos.
En la actualidad, el caso de la explotación minera de Loma Romero, en la cordillera Central, vuelve a demostrar que la sociedad de la zona, con todos sus sectores, está unida en una sola causa: evitar que la extracción de oro comprometa un recurso natural tan importante como el agua, primordial para la producción agrícola.
Igual ocurre con el rechazo a la explotación minera en la cordillera Septentrional, la cual también moviliza a una gran parte de la sociedad. Y es que parece que la ciudadanía comprendió que el político debe funcionar por el mandato del pueblo, donde verdaderamente reside el poder, y no por grupos de intereses.
Lo cierto es que la población ha despertado desde hace un tiempo en la República Dominicana y no quiere políticos en sus causas ni en sus luchas, que prefieren llevar al margen de actores que, en muchos casos, sienten que no los representan.
Queda claro que aquí la clase política debe cambiar el rumbo y su visión, y asumir causas que le interesen al pueblo, porque hoy tenemos una población más interesada en sus problemas, como son el medioambiente, el tránsito, la justicia, el desarrollo y, sobre todo, el avance del país.
