SANTO DOMINGO. — La decisión del presidente Luis Abinader de suspender las labores del proyecto minero Romero ha generado preocupación en el sector empresarial, especialmente en la minería y la industria petrolera. En entrevista telefónica para el Periódico Debate.do, Martín Valerio, director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe), analizó los posibles impactos de esta medida.
“Definitivamente es preocupante, sobre todo cuando se anunció que el sector minero dominicano creció 7 % en el primer trimestre, consolidándose como uno de los principales motores de la economía nacional”, indicó Valerio. Según él, “en un contexto global donde se requiere que los sectores productivos colaboren para el desarrollo económico, no solo a nivel de flujo de divisas, sino también de inversión y empleo, esta decisión es un retroceso”.
Valerio explicó que la paralización afecta el estudio de evaluación de impacto ambiental, previamente autorizado para su ejecución. “Cuando retienes la evaluación, no necesariamente estás protegiendo el medio ambiente. Dejas a la comunidad y a la empresa sin el análisis riguroso que merece para tener una discusión informada”, señaló.
El director de Camipe detalló que el estudio de impacto ambiental, que suele durar cerca de dos años y costar entre 2 y 3 millones de dólares, forma parte de una inversión ya realizada en el país de 60 millones de dólares por la empresa GoldQuest. “Es una inversión que no genera beneficio directo para ellos, simplemente demuestra su compromiso con la exploración y el cumplimiento del debido proceso”, explicó.
Valerio también destacó que la suspensión envía señales negativas a la inversión extranjera. “Hay dos aspectos importantes: la seguridad jurídica y el debido proceso. Cuando el Estado da este tipo de señales, se afectan la inversión, la recaudación de impuestos y la generación de empleo. También impacta a las comunidades que se benefician del encadenamiento productivo que generan las empresas mineras”, enfatizó.
El ejecutivo recordó que el proyecto Romero cumplió con todos los pasos legales desde la solicitud de concesión en 2002-2003, pasando por renovaciones en 2006 y 2011, hasta llegar al estudio de impacto ambiental, que incluye vistas públicas y socialización de resultados con las comunidades. “Sin este estudio, el país y la empresa carecen de los instrumentos técnicos necesarios para garantizar que la actividad minera se desarrolle con los más altos estándares”, afirmo.
Valerio concluyó que la decisión de suspender el proyecto no se basó en resultados técnicos, sino en presiones sociales y políticas, y afirmó que Camipe promueve un diálogo con el gobierno para retomar el estudio ambiental y garantizar que la actividad minera se realice cumpliendo la ley y los estándares que exige la comunidad.
