La defensa del procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado por presunto soborno, presentó este martes dos incidentes durante la audiencia de medida de coerción que conoce la jueza Ysis Muñiz, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Incidentes de la defensa
El primer recurso busca que el procurador adjunto y director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, sea apartado del proceso. El segundo persigue la nulidad del documento de solicitud de coerción, bajo el argumento de que ni Camacho ni la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, tendrían competencia para dirigir la investigación.
La defensa sostiene que, por tratarse de un fiscal, la investigación debió estar a cargo del procurador de corte José del Carmen Sepúlveda, como funcionario competente para el caso.
Posición del Ministerio Público
No obstante, el Ministerio Público considera que este tipo de planteamientos no es nuevo en los tribunales dominicanos. De acuerdo con precedentes, estas solicitudes han sido rechazadas reiteradamente bajo el criterio de que el Ministerio Público es un órgano único e indivisible, conforme a lo establecido en la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal, lo que permite que cualquiera de sus representantes actúe en nombre de la institución.
Solicitud de prisión preventiva
La Fiscalía solicita que Valdez Alcántara sea enviado a prisión preventiva mientras continúa la investigación. Según el documento de solicitud, el fiscal exigió inicialmente US$200,000 a una persona bajo investigación, suma que redujo a US$150,000 durante una negociación en la que también mostró interés en un Rolex y un vehículo Mercedes Benz 350 o 450.
El imputado habría recibido US$10,000 mediante una entrega controlada autorizada por un juez, lo que motivó su arresto en flagrante delito el pasado 27 de marzo.
Declaraciones de Yeni Berenice
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, calificó el hecho como muy grave y reiteró la política de cero tolerancia contra la corrupción. “Jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quien lo haga. En este caso, los fiscales actuarán para que caiga todo el peso de la ley contra el procesado”, afirmó.
Testigo clave
La negociación habría sido realizada con Roberto Canaán, vinculado en el caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), quien pasó a ser testigo del órgano acusador.
Proceso dilatado
El miembro de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) lleva más de un mes detenido, debido a varios aplazamientos en el conocimiento de la medida y a la recusación presentada por su defensa contra la jueza Muñiz, lo que ha impedido la celebración de la audiencia.
A 38 días de su detención, se espera que finalmente la magistrada pueda conocer la medida de coerción contra el fiscal.
