La Junta Central Electoral (JCE) expresó este viernes su postura ante la propuesta de reducir el financiamiento público destinado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, al considerar que la medida podría afectar la certidumbre jurídica y el funcionamiento del sistema electoral.
Marco legal
Mediante un comunicado, la institución recordó que el artículo 224 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece que en años no electorales, como 2026, la contribución económica del Estado a las organizaciones políticas debe equivaler al 0.25 % de los ingresos nacionales.
Sin embargo, la Ley 99-25 de Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2026, promulgada el 16 de diciembre de 2025, consignó una asignación equivalente al 0.12 %, monto que representa menos de la mitad de lo contemplado en la legislación vigente.
Impacto en la planificación
Según la JCE, una nueva reducción presupuestaria afectaría la planificación, organización financiera, operativa, educativa y logística de los partidos, así como el cumplimiento de los gastos y obligaciones contraídas con base en la certidumbre de una ley promulgada en 2025 y de la Resolución 01-2026, emitida el 15 de enero de este año.
El organismo electoral sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial e indispensable para la democracia, en tanto representa la columna vertebral del sistema político-electoral. Una disminución adicional de los recursos podría incidir en principios como la legalidad, la integridad electoral, la equidad en la contienda y la seguridad jurídica.
Rol constitucional
La entidad recordó que la Constitución dominicana, en sus artículos 211 y 212, le atribuye la responsabilidad de garantizar elecciones libres, transparentes y equitativas, así como supervisar el uso del financiamiento en los procesos electorales.
En ese sentido, la JCE hizo un llamado a las autoridades competentes y confió en que actuarán conforme al marco constitucional y legal vigente, en respeto del sistema democrático y de las reglas preexistentes que garantizan la estabilidad del sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como la sana y justa competencia electoral.
