La República Dominicana atraviesa un momento crucial. Mientras el país apuesta por convertirse en un referente regional en turismo, industria, nearshoring, exportación y modernización económica, muchas de las reformas que actualmente se discuten o aprueban parecen ignorar una realidad fundamental: las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 98 % del tejido empresarial dominicano y sostienen una parte esencial del empleo, la producción y la estabilidad social del país.
Resulta contradictorio que, mientras se habla constantemente de impulsar la formalización, atraer inversión y fortalecer la competitividad nacional, algunas iniciativas legislativas estén generando efectos que podrían empujar exactamente hacia lo contrario: más informalidad, menor capacidad operativa y mayores barreras para producir.
El debate reciente sobre la reforma a la Ley de Residuos Sólidos y la reforma laboral evidencia precisamente esa desconexión entre la teoría regulatoria y la realidad económica de miles de empresas dominicanas.
La sostenibilidad ambiental y la protección de los derechos laborales son objetivos legítimos, necesarios y modernos. Nadie discute eso. Lo preocupante es cuando dichos objetivos se construyen sin estudios de impacto suficientemente profundos sobre quienes realmente sostienen la economía nacional.
La pregunta que debemos hacernos como país es simple:
¿Cómo es posible que el 98 % del aparato productivo nacional no esté verdaderamente sentado en la mesa al momento de tomar decisiones que afectan directamente su supervivencia?
La reciente Ley 98-25 sobre residuos sólidos ha generado preocupación en diversos sectores productivos precisamente por ese motivo. Gremios empresariales, industrias, asociaciones turísticas y organizaciones mipymes han advertido que la normativa introduce cargas económicas significativas, incrementos considerables en contribuciones obligatorias y nuevas exigencias técnicas y administrativas que afectan especialmente a las empresas de menor tamaño.
Más allá del debate jurídico, el fondo del problema es económico y estructural.
No todas las empresas tienen la misma capacidad de absorber costos regulatorios.
Una gran corporación multinacional puede redistribuir costos, contratar departamentos especializados de cumplimiento y adaptar rápidamente sus operaciones. Una pequeña empresa familiar no necesariamente puede hacerlo. Un colmado, una pequeña industria local, una empresa turística mediana, una fábrica pequeña o un emprendedor formalizado operan muchas veces con márgenes extremadamente reducidos.
Cuando se aumentan contribuciones, certificaciones, auditorías, requisitos de cumplimiento y obligaciones operativas sin gradualidad ni acompañamiento técnico-financiero, el resultado suele ser uno de tres:
reducción de operaciones,
aumento de precios al consumidor,
o retorno a la informalidad.
Y la informalidad nunca debe convertirse en el efecto secundario de una política pública.
La discusión debe ser mucho más amplia y estratégica. La República Dominicana no puede analizar reformas sectoriales de manera aislada. Debemos entender cómo interactúan entre sí la reforma laboral, la reforma ambiental, la carga tributaria, los costos energéticos, la seguridad social, la burocracia y el acceso al financiamiento.
Porque para una Mipyme todo ocurre al mismo tiempo.
El pequeño empresario no enfrenta únicamente una ley ambiental. También enfrenta inflación, aumento salarial, costos logísticos, presión tributaria, dificultades de financiamiento, competencia informal, variaciones cambiarias y exigencias regulatorias crecientes.
Por eso las políticas públicas modernas deben construirse bajo una visión integral de competitividad nacional.
En economías emergentes como la dominicana, los principales ejes económicos —industria nacional, turismo y Mipymes— no pueden verse como sectores separados. Son pilares interconectados.
El turismo depende de suplidores locales, restaurantes, transporte, lavanderías, pequeños productores, comercio y servicios.
La industria nacional depende de cadenas de valor locales, talleres, distribuidores y pequeñas empresas proveedoras.
Las Mipymes dependen del dinamismo del turismo, la construcción, la manufactura y el comercio.
Cuando uno se debilita, todos se afectan.
Por eso preocupa que muchas veces el debate público se concentre únicamente en la intención positiva de una ley y no en su impacto acumulativo sobre el aparato productivo.
La sostenibilidad ambiental no puede divorciarse de la sostenibilidad económica.
Y la protección laboral no puede terminar generando desempleo o desincentivando la contratación formal.
Necesitamos un modelo de regulación inteligente, no simplemente más regulación.
Un modelo donde exista transición gradual, incentivos, financiamiento verde, acompañamiento técnico, mesas de trabajo permanentes y análisis reales de impacto económico.
No se trata de rechazar reformas.
Se trata de construir reformas viables.
Las economías más exitosas del mundo han entendido que la competitividad nacional depende del equilibrio entre regulación y productividad. Cuando la carga regulatoria supera la capacidad operativa del sector productivo, el sistema pierde eficiencia, aumenta la evasión y se frena el crecimiento.
La República Dominicana necesita avanzar hacia la sostenibilidad, sí. Necesita fortalecer los derechos laborales, sí. Necesita modernizar su marco regulatorio, sí.
Pero también necesita proteger su capacidad de producir.
No podemos olvidar que detrás de cada pequeña empresa hay familias, empleos, sueños, inversión y estabilidad social.
Muchas veces se habla de las Mipymes únicamente en cifras, pero rara vez se entiende la dimensión humana que representan. Son madres que sostienen negocios familiares, jóvenes emprendedores que decidieron formalizarse, industrias pequeñas que luchan diariamente contra costos crecientes, comerciantes que mantienen comunidades enteras activas.
Cuando una Mipyme cierra, no desaparece solo un RNC. Desaparece un empleo, una oportunidad y muchas veces el sustento de varias familias.
El desafío del país no es escoger entre desarrollo económico o sostenibilidad. El verdadero reto es lograr ambos al mismo tiempo.
Y eso solo se logra mediante diálogo real, participación efectiva y políticas públicas coherentes.
En los últimos años, la República Dominicana ha avanzado en la creación de espacios de concertación público-privada, especialmente en iniciativas vinculadas a competitividad, exportación y formalización. Ese camino debe profundizarse. Las reformas estructurales no pueden construirse desde escritorios alejados de la realidad operativa de quienes producen.
Escuchar no debilita las políticas públicas. Las fortalece.
El país necesita un modelo donde el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil trabajen juntos en la construcción de soluciones sostenibles y técnicamente viables.
Porque al final, una economía fuerte no se construye asfixiando a quienes producen.
Se construye creando condiciones para que puedan crecer, formalizarse, competir y sostener el desarrollo nacional.
Y si las Mipymes representan el 98 % del tejido productivo dominicano, entonces cualquier reforma que no tome en cuenta su realidad económica simplemente está dejando fuera a la República Dominicana real.
