Según la Audiencia Nacional, la operación fue ejecutada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el objetivo de recopilar pruebas sobre un posible plan para perjudicar a opositores y obstaculizar procesos judiciales contra el Ejecutivo. En el caso, también fue imputada Ana Fuentes, responsable de finanzas del partido desde 2021, por su presunta participación en actividades fraudulentas.
Las investigaciones señalan que el supuesto esquema habría comenzado en 2024 e incluiría el uso de facturas falsas y pagos irregulares para contratar personas encargadas de desacreditar a organizaciones de derecha que presentaron denuncias contra miembros del Gobierno. Además, se investiga si existió un intento sistemático de interferir en procedimientos legales.
El escándalo ha provocado fuertes reacciones en la oposición. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió la dimisión de Sánchez, aunque el mandatario ha rechazado renunciar y asegura que continuará en el cargo hasta el final de la legislatura.
Varios aliados parlamentarios del Gobierno han expresado preocupación, advirtiendo que la financiación ilegal o la corrupción estructural serían “líneas rojas” que podrían romper la coalición. Sin embargo, analistas políticos consideran poco probable una caída inmediata del Ejecutivo debido a la compleja aritmética parlamentaria y las alianzas regionales.
El caso se suma a otras investigaciones abiertas que involucran a figuras cercanas al Gobierno, lo que ha debilitado la estabilidad política del presidente, aunque Sánchez insiste en que su administración seguirá funcionando con normalidad y respetando las decisiones judiciales.
