La Mesa de Diálogo por el Autismo denunció que la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) cumple tres años de promulgación sin que el Estado dominicano haya logrado una ejecución efectiva de sus disposiciones principales.
La organización recordó que la normativa fue promulgada el 5 de junio de 2023 por el presidente Luis Abinader, mientras que su reglamento de aplicación, necesario para ponerla en marcha, fue aprobado meses después mediante el decreto 403-24, en julio de 2024.
Sin embargo, la entidad sostiene que persisten importantes retrasos en su implementación, entre ellos la falta de asignación presupuestaria específica, la ausencia de un registro nacional actualizado de personas con autismo, la escasez de programas de formación especializada y la limitada creación de una red nacional de servicios.
Asimismo, denunció que muchas familias continúan enfrentando dificultades para acceder a diagnósticos, terapias, consultas médicas y servicios de apoyo, debido a los altos costos que estos implican, lo que convierte su acceso en un privilegio para quienes cuentan con mayores recursos económicos.
La organización señaló que el programa SeNaSa InTEgrA representa el único avance significativo, aunque aclaró que su cobertura se limita a unos 3,000 niños menores de 10 años, lo que considera insuficiente frente a la demanda nacional.
La Mesa de Diálogo por el Autismo recordó que diversas instituciones del Estado tienen responsabilidades directas en la aplicación de la ley, incluyendo organismos del área de salud, educación, seguridad social y protección social, entre otros.
También advirtió sobre la falta de especialistas en el país, al señalar que actualmente existen apenas 19 psiquiatras infantiles para atender a miles de niños y adolescentes con necesidades de atención.
Finalmente, la entidad reiteró que la inclusión, la atención médica, la educación y la protección social de las personas con TEA no pueden seguir dependiendo únicamente del esfuerzo económico de las familias, sino que requieren la ejecución plena de una ley que ya está vigente y que fue creada precisamente para garantizar esos derechos.
