La narrativa de la «justicia independiente» y la promesa de una cruzada implacable contra el dolo administrativo penal enfrentan su hora más oscura. Lo que en 2020 inició como un clamor popular respaldado por promesas de expedientes «blindados», ha devenido en un ostensible estancamiento jurídico. Los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, cabezas visibles de la persecución penal en el país, enfrentan hoy una severa crisis de credibilidad. Sus propias palabras del pasado y las recientes derrotas en las salas de audiencias se han convertido en los principales argumentos de sus detractores.
De las entrañas del sistema a la bandera del cambio
Para entender el desgaste actual, es imperativo hacer memoria histórica. La opinión pública suele olvidar que tanto Reynoso como Camacho no son ajenos al engranaje judicial que hoy cuestionan; ambos escalaron y consolidaron posiciones de alta relevancia durante la gestión del hoy encausado exprocurador general, Jean Alain Rodríguez.
Yeni Berenice Reynoso: Se desempeñó como Fiscal del Distrito Nacional hasta el año 2018. Si bien mantuvo fricciones públicas con Rodríguez en la etapa final de su gestión por el concurso de fiscales, formó parte integral de la estructura del Ministerio Público de esa era.
Wilson Camacho: Fue una pieza técnica fundamental en la gestión de Jean Alain Rodríguez, llegando a ser el encargado de la Unidad de Análisis de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) e incluso litigante clave en el criticado expediente original del caso Odebrecht.
Esta dualidad histórica persigue a los magistrados. Quienes ayer formaban parte de la institución bajo directrices políticas, pasaron en agosto de 2020 a presentarse como los «salvadores» de la moral pública, abriendo una brecha de escepticismo sobre si su motivación ha sido puramente jurídica o un ejercicio de desmarque político.
El búmeran de la «hiperbolización» y los expedientes kilométricos
El principal error metodológico de la gestión de Berenice y Camacho ha sido la sustitución de la finura jurídica por el volumen mediático. Bajo la premisa esgrimida por el propio Camacho de que en la República Dominicana «no basta con probar, hay que sobreprobar», la Pepca se dedicó a depositar expedientes de miles de páginas y glosarios de pruebas inmanejables (Casos Antipulpo, Coral, Medusa, Calamar).
Este gigantismo procesal ha terminado asfixiando al propio Ministerio Público por tres razones fundamentales:
Vencimiento de plazos: El exceso de imputados y la complejidad artificial de las acusaciones provocaron el desplome de las medidas de coerción. Prácticamente todos los principales acusados de los casos «pretendidos como históricos» terminaron saliendo de la cárcel debido al vencimiento del tiempo límite de la prisión preventiva.
El show mediático vs. la realidad de la sala: Las enérgicas declaraciones ofrecidas ante las cámaras de televisión y las redes sociales —donde se sentenciaba preventivamente a los encausados— distaron mucho de la solidez técnica requerida ante los jueces de instrucción y de fondo.
La teoría de la «inmutabilidad del proceso»: En casos heredados o de continuidad, como el controvertido proceso por el asesinato de Yuniol Ramírez y la corrupción en la OMSA, las declaraciones de Yeni Berenice criticando el expediente original terminaron chocando con la realidad procesal, dejando un saldo de impunidad parcial que la ciudadanía percibió como un rotundo fracaso del órgano persecutor.
El punto de quiebre: Autos de «No ha Lugar» y absoluciones
La crisis de credibilidad alcanzó su punto álgido tras recientes decisiones judiciales de los tribunales dominicanos, donde jueces dictaron autos de no ha lugar y sentencias absolutorias a favor de exfuncionarios y empresarios que el Ministerio Público señalaba como «piezas clave» de estructuras criminales.
Ante estos reveses, las declaraciones de los magistrados han denotado frustración y un peligroso cuestionamiento a la institucionalidad del Poder Judicial. Wilson Camacho ha llegado a afirmar de manera reiterada que «la jurisprudencia de la corrupción se niega a morir», mientras que Yeni Berenice Reynoso justificó de manera pública sus agresivas líneas de apelación alegando que los fallos de los jueces contienen «falencias procesales elementales que un estudiante de Derecho identificaría».
El veredicto de la opinión técnica: Para la comunidad jurídica y los analistas políticos, culpar sistemáticamente a los jueces cuando un caso se cae es un argumento agotado. Si un estudiante de derecho nota los errores, el Ministerio Público debió preverlos antes de someter expedientes basados más en delaciones premiadas carentes de corroboración física que en pruebas periciales robustas.
El peligro del desencanto
La lucha contra la corrupción en la República Dominicana se encuentra en un limbo peligroso. Yeni Berenice y Wilson Camacho, que en su momento encarnaron la esperanza de un régimen de consecuencias, hoy lucen atrapados en su propia retórica. Al judicializar la política y politizar la vía judicial, convirtieron los tribunales en arenas de opinión pública. Hoy, con juicios sustantivos desinflados, imputados en sus casas y recursos de apelación que lucen más como desahogos institucionales que como estrategias jurídicas viables, la gestión de ambos fiscales enfrenta el peor de los escenarios para un comunicador o un jurista: el escepticismo generalizado de un pueblo que empieza a sospechar que la montaña de expedientes terminó pariendo un ratón.
Para profundizar más sobre las posturas procesales adoptadas por el Ministerio Público tras los fallos adversos, puedes ver el debate de analistas jurídicos en este Análisis del Caso Yuniol Ramírez y la corrupción administrativa. Este material resulta sumamente esclarecedor para comprender cómo la opinión pública dominicana evalúa el contraste entre los discursos de los fiscales y los dictámenes reales de los jueces en los tribunales del país.
