El Ministerio Público solicitó la imposición de un año de prisión preventiva como medida de coerción contra diez personas arrestadas durante la Operación XL526, ejecutada el pasado martes contra una estructura criminal dedicada a la extorsión, el chantaje y la estafa a residentes en Estados Unidos desde República Dominicana.
La Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago pidieron además que el caso sea declarado de tramitación compleja, debido a la pluralidad de imputados y víctimas, así como por tratarse de una red de crimen organizado vinculada al lavado de activos.
Los principales imputados
Entre los señalados como cabecillas de la organización figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte. También se solicitó prisión preventiva para Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
Hasta el momento, el Ministerio Público ha identificado al menos 18 víctimas de las acciones fraudulentas de la red, que operaba de manera sistemática y organizada para obtener fondos ilícitos.
Solicitud de tramitación compleja
La petición de declarar el proceso como complejo fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, junto a las fiscales Quirsa Abreu Peña (titular interina de Santiago), Joanna García Rivas, de la Dirección de Persecución, y Lía Collado, de Santiago. Según el órgano acusador, la investigación requiere tiempo suficiente para profundizar en las pruebas y establecer la magnitud de las operaciones ilícitas.
Allanamientos y arrestos
La Operación XL526 fue encabezada por un grupo de 35 fiscales que practicaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata. En total, 20 personas fueron arrestadas con fines de investigación, aunque la solicitud de coerción se limitó a diez de los detenidos.
Las acciones contaron con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, el Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
Modus operandi de la red
De acuerdo con las investigaciones, la organización captaba víctimas a través de anuncios publicitarios y posteriormente las sometía a extorsión y chantaje siguiendo un guion previamente estructurado. Los imputados se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales internacionales, como el denominado “Cartel de Sinaloa”, con el propósito de intimidar a las víctimas y exigirles dinero.
Para reforzar las amenazas, enviaban imágenes de crímenes violentos y horrendos, generando miedo en las personas afectadas. Los fondos obtenidos eran canalizados mediante diversos mecanismos de movilización, incluyendo criptomonedas como Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo, depósitos en empresas remesadoras y plataformas de pago.
Delitos imputados
Las pruebas testimoniales, periciales y documentales vinculan a los acusados con crímenes de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso de armas de fuego.
La base operativa de la organización estaba ubicada en el municipio Jacagua, provincia de Santiago. Los integrantes dominaban el idioma inglés y utilizaban herramientas tecnológicas avanzadas para ejecutar sus actividades ilícitas.
Impacto del caso
La Operación XL526 ha generado gran atención pública y mediática, al tratarse de una red internacional con capacidad para estafar y extorsionar a ciudadanos en Estados Unidos desde territorio dominicano. El Ministerio Público busca que se impongan medidas ejemplares para garantizar la continuidad de la investigación y evitar que los imputados evadan la justicia.
El caso se perfila como uno de los procesos más relevantes en materia de crimen organizado y delitos tecnológicos en República Dominicana, y será seguido de cerca por las autoridades nacionales e internacionales.
