El Estado dominicano reclamará una indemnización de RD$12 mil millones por los daños ocasionados al patrimonio público en el denominado caso Intrant, luego de que el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictara auto de apertura a juicio contra todos los imputados.
Reconocimiento como víctima
El Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP) valoró la decisión judicial y destacó que el tribunal ratificó el reconocimiento del Estado como víctima y actor civil dentro del expediente.
José Alberto Ortiz, miembro del ERPP, afirmó:
“El Equipo de Recuperación de Patrimonio Público tiene la voluntad de recuperar hasta el último centavo robado, a los fines de que la cultura de la corrupción y la impunidad sea enterrada”.
Imputados enviados a juicio
Entre los principales acusados figuran:
- Jochi Gómez, empresario y propietario de Aurix S.A.S.
- Hugo Beras, exdirector del Intrant.
- Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico.
- Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
También fueron incluidos Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso, además de varias personas jurídicas como Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Precedente judicial
Rafael Rivas, coordinador del ERPP, destacó que la decisión fortalece el precedente establecido desde 2020, en el que se reconoce al Estado como víctima en procesos de presunta corrupción administrativa.
Impacto esperado
El Estado sostiene que las acciones investigadas afectaron el funcionamiento institucional y servicios públicos, generando perjuicios patrimoniales y daños colectivos cuya reparación será reclamada durante el juicio de fondo. Los recursos recuperados, según el ERPP, podrán ser reinvertidos en obras, servicios y políticas públicas en beneficio de la población.
