El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, reconoció este lunes que las demandas salariales de los jueces y servidores judiciales son legítimas, aunque aclaró que el Gobierno no podrá responderlas en su totalidad.
“Queremos jueces bien pagados y estamos de acuerdo con ese reclamo. Lo que ocurre es que todos los gobiernos enfrentan restricciones presupuestarias. He conversado con el presidente de la Suprema y, aunque no podemos atender el 100 % de la demanda, sí vamos a responder una gran parte que consideramos justa”, afirmó el funcionario.
Díaz insistió en que las cuentas fiscales se manejan con prudencia, lo que ha permitido mantener la estabilidad macroeconómica. “El Gobierno está administrando las finanzas con responsabilidad. Hay reclamos válidos y vamos a atenderlos en la medida de las posibilidades, siempre que no generen un problema fiscal”, puntualizó.
El conflicto judicial se intensificó el pasado 21 de mayo, cuando más de 400 jueces y cerca de 2,000 servidores paralizaron los tribunales dominicanos en un paro pacífico. Entre sus exigencias figuraban la indexación salarial, reducción de la sobrecarga laboral, incorporación de personal para cubrir vacantes y eliminación de lo que calificaron como gastos innecesarios del Consejo del Poder Judicial.
Tras varias jornadas de presión, el 29 de mayo el Consejo del Poder Judicial anunció acuerdos concretos luego de una reunión de más de cinco horas con representantes de jueces y personal de apoyo. Los compromisos incluyen un aumento general de sueldos del 30 %, dividido en dos fases: un 20 % este año y el restante 10 % en 2027. También se aprobó la movilidad en la carrera judicial y el pago de compensaciones por suplencias.
Con estas medidas, el Gobierno busca aliviar las tensiones en el sistema judicial y garantizar mejores condiciones para quienes administran justicia en el país.
Magín Díaz defiende Plan Fiscal
En otro frente, el ministro de Hacienda descartó que el Gobierno retire el Plan Fiscal sometido al Senado la semana pasada, pese a la disminución de tensiones en Medio Oriente tras el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos.
La apertura del estrecho de Ormuz, ocurrida el viernes, podría contribuir a reducir los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, Díaz aseguró que esa coyuntura no elimina la necesidad de las medidas económicas propuestas.
“Este no es únicamente un proyecto de reforma fiscal, también es un plan de incentivo. Se están otorgando beneficios a contribuyentes y empresas para dinamizar la economía y facilitar la vida de los ciudadanos. No hay razón para retirarlo”, explicó.
Durante una reunión con diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el ministro recordó que el Estado ha destinado cuantiosos recursos para enfrentar los efectos de la crisis internacional. Entre ellos, más de 20,000 millones de pesos en subsidios a los combustibles, más de 2,000 millones para fertilizantes y gastos adicionales en programas de protección social.
Díaz defendió que la iniciativa va más allá de una medida recaudatoria. “Con crisis o sin crisis, este es un proyecto que mejora estructuralmente el sistema tributario”, enfatizó.
El Plan Fiscal busca fortalecer las finanzas públicas, garantizar estabilidad y al mismo tiempo ofrecer incentivos que estimulen la inversión privada. Según el ministro, la propuesta es clave para mantener el equilibrio económico y asegurar que el país pueda enfrentar con solidez los desafíos internacionales.
