El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se prepara para emitir este lunes una sentencia que podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en República Dominicana. Las juezas Giselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes tienen en sus manos la decisión de imponer condenas que van desde cinco hasta 20 años de prisión contra un grupo de generales, coroneles y civiles acusados de una presunta estafa millonaria contra el Estado.
El Ministerio Público ha solicitado la pena máxima de 20 años de cárcel y el pago de 400 salarios mínimos contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep). La acusación también alcanza al general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), al coronel Rafael Núñez de Aza y al general Rafael Camilo de los Santos Viola.
Según la Fiscalía, los imputados habrían sustraído más de RD$4,500 millones mediante operaciones fraudulentas en instituciones clave como el Cusep, el Cestur y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). El expediente incluye más de 3,500 pruebas, entre documentos, peritajes, testimonios y evidencias materiales, y supera las 3,200 páginas.
Cáceres niega acusaciones
Al concluir el juicio de fondo, Cáceres tomó la palabra para defenderse de las imputaciones. “Las pruebas no han podido sustentar estas acusaciones”, aseguró, insistiendo en que no se demostró que se asociara con otras personas para dilapidar fondos públicos.
La defensa de los acusados ha cuestionado la solidez de las pruebas, mientras que el Ministerio Público sostiene que cada imputación fue demostrada con evidencias contundentes. Los fiscales han pedido no solo condenas de prisión, sino también multas millonarias, la disolución de empresas vinculadas al caso y el decomiso de bienes incautados, incluyendo propiedades, vehículos de lujo y dinero en efectivo.
Testigo clave de la Fiscalía
Uno de los giros más relevantes del proceso ha sido la colaboración del mayor del Ejército de República Dominicana (ERD), Raúl Alejandro Girón. Inicialmente imputado, Girón se convirtió en testigo estrella de la Fiscalía, aportando información clave sobre el funcionamiento de la supuesta red de corrupción.
Su testimonio ha sido considerado fundamental para sostener la acusación contra los altos mandos militares y civiles involucrados. La Fiscalía asegura que gracias a su cooperación se pudo reconstruir parte del esquema de desvío de fondos y operaciones fraudulentas.
Impacto del caso
El proceso judicial ha captado la atención nacional por la magnitud de los recursos presuntamente sustraídos y por la jerarquía de los acusados. Se trata de oficiales de alto rango y funcionarios que, según la acusación, utilizaron sus posiciones para enriquecerse ilícitamente a costa del erario.
La decisión del tribunal será clave para medir la efectividad de la justicia dominicana en casos de corrupción de gran escala. De confirmarse las condenas solicitadas, se enviaría un mensaje contundente sobre la responsabilidad penal de quienes ocupan cargos de poder.
El expediente, con miles de pruebas y testimonios, refleja el esfuerzo del Ministerio Público por demostrar la existencia de una red organizada que operaba en varias instituciones del Estado. La sentencia, cualquiera que sea, marcará un antes y un después en la percepción ciudadana sobre la lucha contra la corrupción.
