El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó la construcción de un centro penitenciario de alta seguridad con el objetivo de separar a los cabecillas de pandillas del resto de la población carcelaria y frenar la influencia criminal desde prisión. La medida surge en medio del incremento de la violencia y recientes crisis en el sistema penitenciario.
El anuncio se produce tras la fuga de casi 200 reclusos de la cárcel La Joyita, ubicada en las cercanías de Ciudad de Panamá, así como por la conmoción generada por el asesinato de una niña de 10 años durante un ataque armado dirigido contra su padre.
Mulino afirmó que su gobierno endurecerá el régimen penitenciario para impedir que internos continúen coordinando actividades delictivas como extorsión, narcotráfico y homicidios. Señaló que los principales objetivos serán los líderes de bandas criminales, a quienes se les aislará completamente dentro del sistema carcelario.
El mandatario también defendió una política de seguridad más estricta, asegurando que priorizará la protección de las víctimas por encima de las condiciones de los reclusos. En ese sentido, criticó indirectamente los centros penitenciarios con condiciones menos severas, al sostener que los condenados por delitos graves no deben permanecer en instalaciones cómodas.
La iniciativa se enmarca en una tendencia regional, donde países como Ecuador y Costa Rica han comenzado a construir cárceles inspiradas en el modelo de mano dura aplicado en El Salvador. Este enfoque ha sido asociado a un fuerte incremento de la población penitenciaria y a denuncias de organizaciones de derechos humanos.
En Panamá, el sistema carcelario enfrenta una grave sobrepoblación: existen alrededor de 24.000 internos, pese a que la capacidad oficial apenas alcanza unos 14.700 espacios. Además, el país registra cerca de 150 grupos criminales activos, principalmente en la provincia de Colón y el área metropolitana.
Las autoridades estiman una tasa de homicidios de aproximadamente seis por cada 100.000 habitantes, aunque en algunas regiones esta cifra se duplica, reflejando la persistencia del problema de seguridad en el país.
