La Comisión de Revisión creada por la Ley 16-26 aprobó el protocolo que permitirá poner en marcha el proceso de reconocimiento y pago de las deudas pendientes con contratistas del Estado, marcando el inicio de la aplicación de la normativa que busca saldar compromisos por obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Durante su primera sesión de trabajo, el organismo definió los procedimientos, criterios técnicos y requisitos que regirán la evaluación y tramitación de los expedientes, con el propósito de garantizar un proceso transparente, uniforme y con seguridad jurídica.
La comisión, presidida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, e integrada además por el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, estableció el marco operativo para ejecutar la Ley 16-26 y avanzar en el reconocimiento de las obligaciones del Estado con los contratistas que cumplan con los requisitos establecidos.
Asimismo, el protocolo será remitido a los órganos de control, veedores e instituciones involucradas para garantizar la correcta aplicación de los procedimientos, así como la supervisión y la rendición de cuentas durante todo el proceso.
La comisión informó que dará prioridad a los expedientes que ya se encontraban en revisión por la Contraloría General de la República al momento de entrar en vigencia la ley, con el objetivo de agilizar los primeros desembolsos.
Los integrantes del organismo reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada con las entidades competentes y representantes de la sociedad civil para asegurar el cumplimiento responsable de las obligaciones estatales y fortalecer la confianza ciudadana en la administración pública.
La Ley 16-26 beneficia a contratistas que ejecutaron obras para instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y otras entidades gubernamentales.
