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El exministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, ha sido convocado a comparecer ante el Ministerio Público este lunes 7 de octubre, en el contexto de la investigación del escándalo de corrupción y espionaje conocido como Operación Camaleón. Esta citación se da a raíz de un acuerdo controversial que Paulino Sem firmó con la empresa Aurix S.A.S., dirigida por José Ángel Gómez Canaán, apodado Jochi, cuyo contenido ha sido calificado por las autoridades como «oculto y malintencionado».
El pacto en cuestión otorgaba a Aurix S.A.S. responsabilidades que normalmente corresponden a las instituciones de defensa y seguridad del Estado, lo que ha generado preocupación debido a la falta de documentación oficial en el Ministerio de Defensa. El expediente revela que este acuerdo no solo contraviene la Constitución dominicana, sino que también infringe la ley 139-13, permitiendo a una entidad privada acceder a información crítica y sensible.
Además, se han documentado prácticas ilegales asociadas a Gómez Canaán, que incluyen manipulación, amenazas y extorsiones. El acuerdo se realizó sin los procedimientos legales adecuados, lo que apunta a una grave falta de transparencia en el manejo de información clasificada.
Un comunicado emitido por la Policía Nacional el 4 de octubre de 2024 confirmó que no existe ningún convenio formal entre esta entidad y Aurix S.A.S., reforzando las sospechas de que la empresa actuaba fuera del marco legal y usurpaba funciones reservadas a organismos estatales. Se sugiere que otras instituciones, como la DNCD y el Ministerio Público, podrían haber sido utilizadas para facilitar las actividades ilegales de Aurix S.A.S.
La firma de este acuerdo ha sido considerada como una violación seria a la legalidad, ya que la ley 139-13, que regula las actividades de defensa y la seguridad nacional, fue ignorada al permitir que una empresa privada manipulara información clasificada. El Ministerio Público ha señalado que esta situación facilitó el uso indebido de información reservada, con el fin de llevar a cabo chantajes y extorsiones, lo que se tradujo en beneficios personales para Gómez Canaán y presiones sobre diversos funcionarios y entidades.