La jueza Fátima Veloz tomó esta decisión debido a lo extenso de la sesión, que se prolongó por cerca de diez horas. Maximo Muñoz, abogado de uno de los imputados, Carlos José Peguero, confirmó que tanto la defensa como los acusados presentarán sus declaraciones ante el tribunal en la próxima audiencia.
La representante del Ministerio Público, Mirna Ortiz, destacó que han recopilado más de 200 pruebas que demuestran la implicación de cada acusado en una red criminal, solicitando al tribunal que se declare el caso como complejo y que se imponga a los acusados una medida cautelar de 18 meses de prisión preventiva.
Los cargos incluyen delitos relacionados con tecnología avanzada, lavado de activos, falsificación de documentos y estafa contra el Estado a través de contratos públicos otorgados por el Intrant. Entre los acusados se encuentran no solo a Beras y Gómez, sino también a otros exfuncionarios como Frank Díaz Warden y Samuel Gregorio Baquero, quienes desempeñaron roles clave en la institución.
