Santo Domingo. La República Dominicana inicia este lunes 3 de agosto una nueva etapa en su sistema de justicia con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, una de las reformas jurídicas más importantes de los últimos 142 años. La normativa, aprobada mediante la Ley 74-25, sustituye el Código Penal de 1884 e introduce 43 modificaciones que modernizan la legislación y la adaptan a las nuevas realidades sociales, tecnológicas y criminales del país.
El nuevo marco legal incorpora más de 70 nuevas figuras delictivas, fortalece las sanciones para diversos crímenes y establece herramientas jurídicas para enfrentar delitos que antes no estaban contemplados en la legislación dominicana.
Entre los principales cambios destaca el aumento de la pena máxima de prisión a 40 años por una sola infracción, mientras que la acumulación de condenas podrá alcanzar hasta 60 años en casos de múltiples delitos.
La legislación también tipifica por primera vez como delitos autónomos el feminicidio y el sicariato, además de incluir nuevas conductas punibles como el ciberacoso, el chantaje con contenido íntimo —incluidos los deepfakes—, la desaparición forzada, las estafas piramidales con criptomonedas, la suplantación de identidad digital y los ataques con sustancias corrosivas, conocidos popularmente como «ácido del diablo».
Otro aspecto relevante es el fortalecimiento de las sanciones contra la corrupción administrativa, el crimen organizado, la trata de personas, el terrorismo y la incorporación al ordenamiento jurídico de delitos internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
En materia de protección a las víctimas, el nuevo Código amplía las medidas contra la violencia de género y la violencia intrafamiliar, reconoce distintas modalidades de agresión, refuerza las órdenes de protección y sanciona expresamente las relaciones sexuales sin consentimiento dentro de la pareja. Asimismo, crea un registro de agresores sexuales y extiende los plazos para perseguir este tipo de delitos.
La reforma también introduce la responsabilidad penal de las empresas por delitos cometidos en su beneficio, aunque esta disposición entrará en vigor tres meses después de la implementación del resto de la ley.
Además, se moderniza el sistema de multas, se crean nuevas modalidades para el cumplimiento de penas menores, se endurecen las sanciones por fraude financiero e inmobiliario y se establecen límites más claros para las actuaciones policiales, protegiendo derechos fundamentales de los ciudadanos.
Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, jueces, fiscales, policías y demás operadores del sistema de justicia deberán aplicar las nuevas disposiciones en los procesos que correspondan.
El Poder Ejecutivo informó que mantendrá una comisión de seguimiento para evaluar la implementación de la normativa y proponer futuras mejoras sin afectar su vigencia.
El nuevo Código Penal está integrado por 393 artículos y deroga oficialmente la legislación penal que rigió en el país desde 1884, marcando un hito en la modernización del sistema judicial dominicano.
