Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este jueves de manera temporal parte de una nueva ley de Colorado que amplía las inspecciones estatales en los centros privados de detención de inmigrantes, aunque mantuvo vigente la autoridad del estado para investigar un caso de tuberculosis en una instalación de Aurora, administrada por GEO Group.
El juez Daniel Domenico, del Distrito de Colorado, falló sobre una demanda presentada en junio por GEO contra el estado para frenar la ley aprobada este año, que refuerza la supervisión sanitaria y de seguridad en los centros privados que albergan inmigrantes.
La orden judicial bloquea temporalmente ciertos requisitos de inspección hasta el 15 de octubre, fecha en que vence el contrato de GEO con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para operar el centro de Aurora.
Autoridad estatal y disputa legal
El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, lamentó que la decisión no fuera “el amplio alivio que buscaba”, pero subrayó que el fallo “deja intacta la autoridad existente de Colorado en materia de salud y seguridad”.
Esa distinción adquirió relevancia porque el estado demandó esta semana a GEO para obligar a la compañía a cumplir una orden de salud pública relacionada con un caso confirmado de tuberculosis en el centro de Aurora.
La demanda de Colorado contra GEO no depende de las nuevas facultades creadas por la ley, sino de leyes sanitarias estatales preexistentes, y continúa pendiente. “Nuestra demanda busca hacer cumplir esa autoridad existente y exigir que GEO coopere con la investigación estatal sobre tuberculosis”, recalcó Weiser, quien aseguró que Colorado continuará utilizando “todas las herramientas disponibles” para proteger la salud pública.
Antecedente en Washington y alcance nacional
El enfrentamiento tiene un antecedente directo en el estado de Washington, donde GEO también intentó impedir las inspecciones sanitarias estatales en su centro de detención de inmigrantes de Tacoma.
Washington aprobó en 2023 una ley que estableció estándares sanitarios para los centros privados de detención. Tras años de litigios, un tribunal federal ordenó en julio pasado a GEO permitir el ingreso de inspectores estatales, después de que estos fueran rechazados en diez ocasiones mientras investigaban más de 3,500 denuncias sobre las condiciones del centro.
El caso de Washington, correspondiente al Noveno Circuito federal, apunta a una disputa de alcance nacional sobre hasta dónde pueden llegar los estados en la supervisión sanitaria de instalaciones privadas contratadas por el Gobierno federal para detener inmigrantes.
