Santo Domingo, R.D. — El partido Fuerza del Pueblo (FP), a través de su Secretaría de Neurodiversidad e Inclusión, exigió al Gobierno respuestas concretas e inversión para garantizar el acceso a una educación adecuada de los estudiantes neurodivergentes, ante los recientes anuncios de miles de millones de pesos en programas, ayudas y otras iniciativas para el inicio del año escolar 2026-2027.
La titular de esa secretaría, la abogada y defensora de los derechos de las personas neurodivergentes y sus familias, Maxi Feliz, reclamó al Ministerio de Educación (MINERD) transparentar cuánto de los recursos anunciados está llegando realmente a esta población y cuántos niños y adolescentes continúan sin una respuesta educativa adecuada.
Feliz reaccionó luego de que las autoridades informaran que fueron atendidas alrededor de 157,000 solicitudes de nuevos cupos escolares; que el INABIE destina más de RD$4,000 millones para uniformes, mochilas, zapatos y útiles que beneficiarían a más de 1.7 millones de estudiantes; que el Gobierno destina RD$1,251 millones al Bono a Mil en este período y que unos 15,000 estudiantes reciben asistencia estatal para estudiar en centros privados ante la demanda de plazas en escuelas públicas.
“Son miles de millones de pesos y miles de estudiantes en las cifras oficiales. Entonces la pregunta es inevitable: ¿dónde están nuestros niños y adolescentes neurodivergentes dentro de esas cifras? ¿Cuánto se está destinando a garantizar su educación y cuántos continúan hoy buscando una escuela preparada para recibirlos?”, cuestionó.
Feliz afirmó que hablar de 157,000 solicitudes de cupos atendidas obliga al MINERD a explicar cuántas corresponden a estudiantes neurodivergentes y qué entiende la institución por una solicitud “atendida”.
“Un cupo no es inclusión. Colocar a un niño en cualquier aula para sumarlo a una estadística no garantiza su derecho a la educación. Hay estudiantes que necesitan personal capacitado, adecuaciones, apoyos educativos y entornos capaces de responder a sus necesidades para poder permanecer, aprender y desarrollarse”, sostuvo.
La dirigente de la Fuerza del Pueblo también cuestionó que se anuncien más de RD$4,000 millones para uniformes, mochilas, zapatos y útiles, mientras existen familias cuya preocupación principal ni siquiera es comprar una mochila, sino encontrar una escuela donde sus hijos puedan estudiar.
“Los útiles son importantes, pero ¿de qué sirve tener la mochila lista si un niño no tiene un aula preparada para recibirlo? Queremos saber qué inversión está siendo destinada a espacios adecuados, formación especializada y apoyos educativos para la población neurodivergente”, manifestó.
Sobre los RD$1,251 millones anunciados para el Bono a Mil, Feliz sostuvo que toda ayuda económica a las familias es valorable, pero advirtió que la realidad económica de muchos hogares con niños neurodivergentes excede ampliamente los gastos ordinarios del regreso a clases.
“Estas familias no solamente pagan uniformes y útiles. Muchas deben asumir de sus propios bolsillos evaluaciones, terapias, acompañamiento especializado, materiales adaptados, transporte y alternativas educativas privadas cuando no encuentran respuestas suficientes. La inclusión no puede depender de cuánto dinero tenga una familia para comprar por su cuenta los apoyos que su hijo necesita”, señaló.
Asimismo, cuestionó que el Gobierno haya encontrado una alternativa para que alrededor de 15,000 estudiantes estudien en centros privados con asistencia estatal ante la demanda de cupos y preguntó por qué no se presenta una respuesta igualmente concreta para las familias de estudiantes neurodivergentes que no encuentran un centro adecuado.
“Si el Estado puede recurrir al sector privado para resolver la falta de plazas de miles de estudiantes, también puede y debe diseñar soluciones para aquellos niños neurodivergentes que siguen tocando puertas. No puede haber estudiantes para quienes aparezcan alternativas y otros para quienes la respuesta siga siendo esperar”, afirmó.
Feliz consideró además una oportunidad el anuncio del Ministerio de Educación sobre la futura discusión de un nuevo modelo de escuela, pero advirtió que resultaría inadmisible hablar de transformar la escuela dominicana sin incorporar la neurodiversidad desde su concepción.
“Si van a diseñar una nueva escuela, queremos saber dónde está la neurodiversidad en ese diseño. No aceptemos construir otra escuela para luego preguntarnos cómo adaptarla. La inclusión tiene que estar en el presupuesto, la infraestructura, la formación docente, los apoyos y el modelo educativo desde el primer día”, enfatizó.
La titular de la Secretaría de Neurodiversidad e Inclusión de la FP recordó que, paralelamente a estos anuncios millonarios, la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista continúa sin asignación presupuestaria para su implementación, situación que, a su juicio, evidencia la distancia existente entre el reconocimiento legal de derechos y su materialización.
“¿Cómo se explican miles de millones anunciados para distintas iniciativas educativas mientras una ley que reconoce derechos a las personas con autismo continúa sin presupuesto para ejecutarse? ¿Dónde está la prioridad? Una ley sin recursos es una promesa que las familias siguen esperando ver convertida en realidad”, cuestionó.
En ese sentido, la Fuerza del Pueblo exigió al Gobierno y al Ministerio de Educación transparentar cuántos estudiantes neurodivergentes están actualmente escolarizados, cuántos permanecen fuera de las aulas, cuántas solicitudes de cupos corresponden a esta población, qué apoyos están recibiendo, cuántos centros cuentan con condiciones adecuadas y cuánto presupuesto se destina específicamente a garantizar su inclusión educativa.
“Las familias tienen derecho a conocer esas respuestas. No queremos que nuestros niños aparezcan únicamente cuando se habla de inclusión; queremos verlos también cuando se distribuye el presupuesto, se diseñan las escuelas y se presentan los resultados”, sostuvo Feliz.
La dirigente concluyó señalando que la inclusión educativa debe poder demostrarse y medirse.
“No basta con millones anunciados, bonos entregados, mochilas distribuidas o cupos contabilizados. Mientras haya un niño neurodivergente sin una respuesta educativa adecuada y una familia pagando sola el costo de esa exclusión, queda una deuda pendiente. La inclusión se demuestra con presupuesto, acceso, apoyos, permanencia y resultados”, concluyó.
