Managua, Nicaragua. — La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura una reforma parcial de la Constitución que establece nuevas restricciones para quienes aspiren a cargos de elección popular y amplía de cinco a siete años el período presidencial.
La modificación, respaldada por unanimidad durante una sesión realizada en León, señala que los llamados “traidores a la patria” no podrán postularse a puestos de elección popular ni ocupar cargos públicos. Este término ha sido utilizado por el Gobierno nicaragüense para referirse a opositores y críticos del oficialismo, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
La reforma también excluye a personas vinculadas con intentos de golpe de Estado, así como a quienes, según las autoridades, hayan afectado la soberanía, seguridad o paz del país, promovido la intervención extranjera o respaldado sanciones y bloqueos contra Nicaragua.
Otro de los principales cambios consiste en extender a siete años el período de los principales cargos públicos. La medida abarcaría a los copresidentes, diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, fiscal general, superintendente de bancos y los jefes del Ejército y la Policía.
La iniciativa fue promovida por el copresidente Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007 y ha acumulado tres décadas en el poder, considerando sus anteriores períodos al frente del país.
Para entrar en vigor, la reforma deberá recibir una segunda aprobación en la próxima legislatura, que comenzará el 9 de enero de 2027.
La modificación también impactaría el calendario electoral nicaragüense. Las elecciones generales estaban previstas para noviembre de 2026, pero con la ampliación del mandato presidencial pasarían a celebrarse en noviembre de 2027.
El proceso ocurre después de que Ortega afirmara, el pasado 19 de julio, que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, una declaración que ha generado preocupación entre sectores opositores y críticos del Gobierno.
