Santo Domingo.— La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de los cultivos en República Dominicana mediante mayores controles para prevenir el ingreso, propagación y comercialización de plagas y virus que puedan afectar la producción agrícola, el medioambiente y la economía nacional.
La iniciativa, presentada por los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Tony Bengoa y Lidia Pérez, plantea la creación del Sistema Nacional de Protección Fitosanitaria, bajo la responsabilidad de la autoridad oficial de sanidad vegetal del Ministerio de Agricultura.
El proyecto establece un mecanismo de prevención, vigilancia y control destinado a detectar amenazas que puedan afectar la agricultura dominicana antes de que provoquen daños de gran magnitud.
Entre las medidas propuestas figura el establecimiento de requisitos para la entrada y salida del país de plantas, semillas, frutas, vegetales, madera y otros productos de origen vegetal. Las autoridades también tendrían facultad para inspeccionar mercancías en puertos, aeropuertos, pasos fronterizos, almacenes, establecimientos comerciales y unidades de producción agrícola.
Cuando un producto represente un riesgo para la sanidad vegetal, las autoridades podrían disponer su retención, tratamiento, cuarentena, rechazo, destrucción, retiro o reembarque, de acuerdo con la gravedad de la situación.
La propuesta contempla además la creación de zonas bajo cuarentena cuando sea detectada una plaga con capacidad de propagarse. En esas áreas podrían establecerse restricciones al traslado de plantas y productos agrícolas, instalar puestos de control y aplicar tratamientos para contener la amenaza.
Asimismo, se plantea la posibilidad de declarar una emergencia fitosanitaria cuando la presencia o expansión de una plaga represente un peligro significativo para la agricultura nacional.
El proyecto también establece controles para los productos utilizados en el manejo de plagas, como plaguicidas, nutrientes para vegetales y productos coadyuvantes. La normativa regularía su registro, fabricación, importación, exportación, almacenamiento, distribución, comercialización y uso.
Los establecimientos que trabajen con estos productos deberán cumplir con los requisitos establecidos y contar con profesionales agrícolas acreditados. Además, la autoridad competente podría restringir o prohibir determinados productos o ingredientes activos cuando existan evidencias de que representan un riesgo para la salud humana, animal o vegetal, así como para el medioambiente.
La iniciativa también establece obligaciones para productores agrícolas y silvicultores, quienes deberán aplicar buenas prácticas de manejo y colaborar con los sistemas de vigilancia. De igual manera, tendrían que informar a las autoridades cuando detecten o sospechen de la aparición de una nueva plaga.
En materia de sanciones, el proyecto contempla penalidades para quienes comercialicen plantas o productos agrícolas afectados por plagas peligrosas, incumplan los requisitos de importación o exportación, violen medidas de cuarentena, introduzcan mercancías por puntos no autorizados o comercialicen plaguicidas sin el registro correspondiente.
Las infracciones más graves podrían ser sancionadas con multas de 300 a 500 salarios mínimos y penas de prisión de uno a cinco años, además del decomiso de productos y el cierre temporal o definitivo de establecimientos, dependiendo de la gravedad del caso.
La propuesta busca proteger la producción nacional ante el impacto que podría generar la llegada y expansión de organismos perjudiciales. Una plaga establecida en el territorio dominicano podría provocar pérdidas económicas a los productores, afectar el precio y disponibilidad de alimentos, comprometer empleos y dificultar las exportaciones agrícolas.
El proyecto también contempla mecanismos para declarar determinadas zonas como libres de plagas o con baja prevalencia, lo que podría contribuir a fortalecer la producción nacional y facilitar el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos por los mercados internacionales.
Tras su aprobación en primera lectura, la iniciativa continuará su trámite legislativo en la Cámara de Diputados y posteriormente deberá ser conocida por el Senado. De convertirse en ley, el país dispondría de un marco integral para prevenir y controlar amenazas a la sanidad vegetal y regular los productos destinados a combatirlas.
