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“Cada día se detiene a nuevas personas y cientos permanecen en prisión en condiciones degradantes, sometidas a tortura y a tratos inhumanos, crueles y degradantes”, señalaron los miembros de la Comisión. Estas acciones se dan en un contexto de creciente tensión ante la próxima toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro, programada para dentro de una semana. La Comisión advirtió sobre posibles nuevas violaciones en este período crítico.
La Comisión aseguró que está monitoreando de cerca los eventos antes y después de la toma de posesión presidencial. En este sentido, se comprometió a investigar violaciones graves de derechos humanos y delitos, evaluando si forman parte de una política estatal destinada a silenciar a la oposición.
“Hacemos un enérgico llamamiento a que se respeten los derechos a la protesta pacífica y a la libertad de expresión sin temor a represalias”, enfatizó Marta Valiñas, presidenta de la Comisión. Además, recordó a las fuerzas de seguridad su obligación de cumplir con las normas internacionales más estrictas sobre el uso de la fuerza.
La Comisión subrayó que quienes han ordenado detenciones arbitrarias, torturas o maltratos tienen una responsabilidad penal individual por estos hechos y podrían enfrentar procesos en instancias como la Corte Penal Internacional.
El equipo de la ONU instó al gobierno venezolano a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente. Además, destacó la necesidad de garantizar la protección especial de los detenidos con problemas de salud, de los ancianos y de considerar con seriedad los casos de menores involucrados en procesos judiciales.
Entre agosto y diciembre del año pasado, las autoridades venezolanas detuvieron a 56 activistas opositores, diez periodistas y un defensor de derechos humanos, según datos del organismo. Este panorama refleja un patrón sistemático que la ONU considera alarmante.
Organismos internacionales han pedido que los casos de torturas y detenciones arbitrarias en Venezuela sean presentados ante la Corte Penal Internacional, reforzando la presión para que el gobierno venezolano rinda cuentas por las violaciones sistemáticas de derechos humanos.
La ONU reiteró su compromiso de documentar y visibilizar las violaciones ocurridas en Venezuela, al tiempo que solicitó a la comunidad internacional mantener su atención sobre la situación.
