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Doral, Florida.- La reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha generado una profunda preocupación entre empresarios que dependen de trabajadores venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS). Wilmer Escaray, propietario de 18 negocios —15 restaurantes y tres mercados— en el área de Miami, es uno de ellos.
Escaray, quien lidera una de las cadenas más representativas dentro de la comunidad venezolana en Doral, conocida popularmente como «Doralzuela», enfrenta una creciente incertidumbre laboral. Aproximadamente el 70 % de sus 150 empleados son beneficiarios del TPS, un programa que les ha permitido trabajar legalmente en el país durante años.
El lunes, la Corte Suprema revocó una orden previa que había bloqueado temporalmente los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump por eliminar dichas protecciones, lo que podría exponer a más de 350,000 inmigrantes venezolanos a procesos de deportación. La decisión ha dejado a empresarios como Escaray sin orientación clara sobre cómo proceder.
“El impacto para el negocio será realmente duro”, afirmó Escaray, de 37 años, quien emigró desde Venezuela en 2007 para estudiar en Estados Unidos y abrió su primer restaurante seis años después. “Todavía no sé qué voy a hacer. Tengo que discutir con mi equipo y con mi familia para ver cuál será el plan”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) celebró el fallo, aunque aún no ha especificado cuándo expirará formalmente el TPS ni cómo se manejarán los permisos laborales vigentes. “El gobierno de Trump no descansa en sus laureles. Actuaremos de manera expedita”, aseguró Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, en una declaración escrita.
La falta de información concreta ha generado confusión entre miles de empleadores y trabajadores. Muchos empresarios temen no solo por el futuro de sus negocios, sino también por el bienestar de sus empleados y de las comunidades que dependen de estos trabajadores esenciales.
