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La Corte de Apelación del distrito judicial de La Vega todavía no ha fijado fecha para conocer el recurso interpuesto por el Ministerio Público con el que busca dejar sin efecto la decisión que extinguió el proceso judicial contra Miguel Arturo (Micky) López Florencio y varios de sus familiares, acusados de integrar una presunta red de lavado de activos procedentes del narcotráfico.
La impugnación fue presentada en julio de 2025, luego de que el Tribunal Colegiado de La Vega pusiera fin al juicio alegando una dilación procesal excesiva atribuida al órgano acusador.
El abogado Esteban Pérez, miembro de la barra de la defensa de los López Pilarte, afirmó que hasta el momento no han sido notificados para conocer el recurso. Señaló que cuentan con las justificaciones necesarias, ya que —según explicó— los retrasos fueron provocados por el propio Ministerio Público.
De acuerdo con el jurista, el proceso acumuló 26 aplazamientos solicitados por los fiscales, además de varias recusaciones de jueces, una inhibición y una solicitud de declinatoria elevada ante la Suprema Corte de Justicia, que tardó alrededor de seis meses en resolverse. “Todo eso condujo a que se alargara más el plazo”, indicó.
La acusación contra la presunta red
Según la acusación, la red era encabezada por Micky López y contaba con la participación de sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, además de Pablo Antonio Martínez Javier y Rigoberto Bueno Javier.
El Ministerio Público sostiene que esta estructura movilizó entre 2007 y 2019 más de dos mil millones de pesos a través de bancos nacionales, recursos cuyo origen supuestamente estaba vinculado a actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.
Condena contra Rosa Amalia Pilarte
De manera paralela, la Fiscalía procesó y obtuvo una condena de cinco años de prisión, confirmada por la Suprema Corte de Justicia, contra la exdiputada oficialista Rosa Amalia Pilarte, esposa de Micky López, hallada culpable de lavado de activos.
En su condición de legisladora, Pilarte fue procesada en un tribunal especial y este miércoles ingresó al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, para cumplir la pena impuesta.
