El Tribunal Supremo juzgará en los próximos meses a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos, tras la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El juez Ángel Hurtado ha decidido abrir juicio oral contra García Ortiz, imponiéndole una fianza de 150.000 euros para responder por posibles responsabilidades económicas. Si no deposita la cantidad en cinco días, se iniciará un embargo de sus bienes. No obstante, el magistrado rechazó suspenderlo de su cargo, aunque remitió el caso a la Inspección Fiscal para que valore posibles medidas internas.
Se trata de la primera vez que un fiscal general se sienta en el banquillo del Supremo. Hurtado considera que existen indicios suficientes de que García Ortiz habría filtrado información confidencial de un correo electrónico del abogado de González Amador, en el que se reconocían delitos fiscales y se proponía un pacto para evitar la prisión.
La decisión llega seis semanas después de que la Sala de Apelación del Supremo confirmara el procesamiento, señalando que García Ortiz habría coordinado personalmente la filtración. La defensa sostiene que los datos se eliminan regularmente por razones de seguridad, mientras que el juez subraya que la actuación del fiscal compromete la legalidad e imparcialidad de la institución y podría afectar al derecho de defensa del afectado.
García Ortiz podría enfrentarse a penas de hasta seis años de cárcel e inhabilitación. Dos de las tres asociaciones de fiscales y la oposición exigen su dimisión, aunque el fiscal general mantiene su cargo respaldado por la confianza del Gobierno.
