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A pesar de que el pasado 2 de octubre venció el plazo establecido en el Artículo 172 de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, numerosos comercios en República Dominicana continúan entregando fundas plásticas de manera gratuita, en incumplimiento de la normativa que prohíbe su distribución.
La ley también prohíbe el uso de envases de poliestireno expandido (foam) para alimentos y bebidas, y otorgó un período de cinco años para que los establecimientos adoptaran alternativas sostenibles. Sin embargo, al llegar la fecha límite, supermercados, colmados y tiendas muestran un bajo nivel de cumplimiento.
En el Congreso Nacional se debatió una modificación para extender el plazo por cinco años más, argumentando que las pequeñas y medianas empresas necesitan más tiempo para adaptarse. No obstante, el presidente Luis Abinader anunció que no promulgaría dicha extensión, en respuesta a presiones de sectores industriales y ambientales que exigen el cumplimiento estricto de la ley.
En agosto, el Senado informó que revisaría la propuesta para reenviarla “de forma consensuada”, pero hasta el momento no se ha producido ningún avance legislativo.
Mientras tanto, organizaciones ambientalistas insisten en la necesidad de aplicar sanciones y fortalecer políticas que reduzcan el uso de plásticos de un solo uso. Advierten que la falta de acciones concretas debilita los esfuerzos del país por avanzar hacia una gestión ambiental más responsable.
