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La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) denunció ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la emisión de licencias de conducir llevado a cabo por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
El presidente de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, depositó una instancia ante la PEPCA y su directora, Mirna Ortiz, en la que acusa al director del INTRANT, ingeniero Milton Teófilo Morrison Martínez, de supuesta confabulación con el consorcio Mobility ID para adjudicarle un contrato valorado en más de 8,400 millones de pesos.
Según la denuncia, el proceso de licitación habría sido manipulado para que solo pudiera participar el Consorcio Mobility ID, integrado por las empresas Midas Dominicanas S.R.L., G.E.T. Secure ID Corp., Consorcio STC S.A., Thomas Greg & Sons Gráfica e Serviços, e Industria e Comércio e Importação e Exportação de Equipamentos Ltda.
ADOCCO sostiene que el consorcio presentó documentos falsificados al hacerse pasar como fabricante de las impresoras láser CLM600, requeridas en el pliego de condiciones del proceso. “El Mobility ID falsificó los datos para aparentar ser fabricante, cuando en realidad no lo es”, aseguró De la Rosa.
La organización señala además que el INTRANT ignoró las impugnaciones presentadas y continuó con el proceso, adelantando incluso la apertura de sobres con la supuesta intención de favorecer al consorcio.
De la Rosa denunció también que se impusieron trabas desproporcionadas a otros oferentes, como la exigencia de una línea de crédito de 25 millones de dólares, lo que —según afirmó— violenta los principios de libre competencia, evaluación objetiva y participación establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
En su denuncia formal, ADOCCO imputa a Morrison y al Consorcio Mobility ID por violar diversos artículos del Código Penal dominicano relacionados con falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores y lavado de activos, además de disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
La organización advirtió sobre los riesgos de que “la información personal de los dominicanos, contenida en cédulas, pasaportes y licencias, quede concentrada en manos de un mismo grupo empresarial”, lo que podría, según ADOCCO, “dar pie a graves vulneraciones de la seguridad nacional”.
ADOCCO instó a la PEPCA a iniciar una investigación exhaustiva sobre el proceso y las actuaciones de los funcionarios involucrados, afirmando que entregó pruebas documentales que evidencian las irregularidades denunciadas.
