Una magistrada federal estadounidense declaró este miércoles ilegal la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que había dispuesto el Gobierno de Donald Trump para más de 60.000 inmigrantes procedentes de Nicaragua, Honduras y Nepal.
La jueza Trina Thompson, desde California, consideró que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, decidió revocar este beneficio migratorio de manera «preestablecida» y sin respetar los procedimientos legales establecidos.
Thompson restableció el TPS para las nacionalidades afectadas y rechazó la petición del Gobierno de desestimar el caso, señalando que Noem no siguió los protocolos habituales del DHS al reducir a 60 días el periodo de transición tras la cancelación del TPS.
Según la jueza, la terminación del TPS para Nepal el 6 de junio de 2025 y para Honduras y Nicaragua el 7 de julio de 2025 fue «ilegal bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA)», dejando sin efecto la orden de Noem.
Los inmigrantes protegidos por el TPS habían presentado una demanda contra el DHS argumentando que la eliminación del amparo que los protegía de la deportación respondía a «prejuicios raciales».
Diversas organizaciones que representan a los beneficiarios del TPS celebraron la decisión judicial, aunque lamentaron que la suspensión del beneficio ya haya afectado a muchas personas que llevan décadas residiendo en Estados Unidos.
«La resolución judicial de hoy restablece las protecciones del TPS para miles de migrantes, y los empleadores están legalmente obligados a reconocer sus documentos de autorización laboral», señaló Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
El TPS es un beneficio migratorio que el DHS otorga a ciudadanos de países que atraviesan emergencias graves —como desastres naturales o conflictos armados— que les impiden regresar de manera segura a sus hogares.
