En los últimos meses, la República Dominicana ha sido testigo de una preocupante secuencia de decisiones públicas que comparten un mismo denominador común: se aprueban, modifican o aplican normas sin el debido análisis técnico, jurídico y económico, y sin un proceso real de consulta con los sectores que sostienen la economía nacional.
El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un conjunto de asociaciones empresariales contra la modificación de la Ley de Residuos Sólidos, así como las advertencias de nuevas acciones legales contra la Ley de Compras y Contrataciones y el aumento arbitrario de las tarifas de la CAASD, no son hechos aislados ni reacciones antojadizas. Son la consecuencia directa de decisiones adoptadas sin medir su impacto real sobre el aparato productivo y la ciudadanía.
Lo más inquietante es que, mientras se descarta públicamente una reforma fiscal integral, se multiplican ajustes silenciosos que, en la práctica, funcionan como nuevos impuestos. Incrementos tarifarios, cargas regulatorias mal diseñadas y esquemas desproporcionados elevan los costos de operación de empresas de todos los tamaños, pero golpean con mayor fuerza a las micro, pequeñas y medianas empresas. Estos costos no desaparecen: se trasladan al precio final de bienes y servicios, presionando al alza el costo de la vida.
Legislar sin estudios de impacto no es un acto neutro. Tiene efectos concretos sobre la competitividad, la formalización, la inversión y el empleo. Además, debilita la confianza en las instituciones, genera conflictos legales innecesarios y transmite un mensaje de incertidumbre que el país no puede permitirse.
Lo que está ocurriendo no es un error aislado ni una simple diferencia de criterios; es una forma inadecuada de conducir los procesos de formulación y aplicación de políticas públicas. Cada ley mal diseñada, cada tarifa impuesta sin sustento técnico, cada decisión adoptada sin el debido análisis de impacto se convierte, en la práctica, en un impuesto encubierto que erosiona la competitividad, desalienta la formalización y termina golpeando el bolsillo de la ciudadanía.
Persistir en este camino no solo afecta a las MIPYMES, a la industria y al comercio; compromete la sostenibilidad del crecimiento económico y la confianza en las instituciones. Un Estado que no se detiene a evaluar consecuencias, escuchar a los actores productivos y corregir a tiempo, no fortalece el desarrollo: lo debilita.
Aún existe margen para rectificar. Pero hacerlo requiere voluntad de diálogo, rigor técnico y sentido de responsabilidad histórica. Porque apostar a beneficios de corto plazo para unos pocos es hipotecar el crecimiento de largo plazo, y ningún país logra prosperar castigando a quienes producen, invierten y generan empleo.
La pregunta final sigue siendo inevitable y no admite evasivas:
¿Queremos un país sostenible y competitivo para todos o un presente cómodo para unos pocos?
De esa respuesta dependerá si dejamos a las próximas generaciones un legado de desarrollo o una factura imposible de pagar.
