El Colegio de Abogados de la República Dominicana anunció que interpondrá este miércoles un recurso de amparo de cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia, con el objetivo de exigir la evaluación, reestructuración y posible renovación de los jueces cuyo período constitucional habría vencido.
La acción será depositada a las 10:00 de la mañana en la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura, entidad responsable de designar y evaluar a los altos jueces del país.
Reclamo por “inercia institucional”
El presidente del gremio, Trajano Potentini, explicó que el recurso será dirigido contra el Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Luis Abinader, al considerar que existe una falta de acción frente a un mandato constitucional que, según afirmó, ya debe cumplirse.
Potentini sostuvo que varios magistrados de la Suprema Corte han superado el período de siete años establecido por la Constitución, por lo que corresponde iniciar un proceso formal de evaluación y reforma del alto tribunal.
El dirigente gremial criticó los retrasos recurrentes en la renovación de órganos constitucionales, citando precedentes en instituciones como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Cámara de Cuentas.
A su juicio, esta situación contrasta con el discurso institucionalista del Gobierno, aunque reconoció que Abinader ha proyectado una imagen de impulso a las reformas del Estado.
“Vamos a depositar este amparo para restaurar la institucionalidad”, expresó Potentini, al insistir en la necesidad de que se actúe conforme a lo establecido en la Constitución.
Defensa de la meritocracia judicial
El CARD aseguró que dará seguimiento al proceso para garantizar que cualquier eventual selección de jueces se base en criterios de mérito, experiencia y carrera judicial, evitando influencias políticas.
Potentini destacó que existe un número significativo de profesionales del derecho con trayectoria y preparación que esperan la oportunidad de integrar la Suprema Corte, por lo que consideró esencial preservar la independencia judicial como pilar del Estado de derecho.
Finalmente, manifestó su expectativa de que esta acción legal impulse a las autoridades a cumplir con sus responsabilidades constitucionales y a reforzar el orden democrático en el país.
