Santo Domingo. –Mientras las bancas de lotería formales luchan por sobrevivir bajo un marco legal cada vez más asfixiante, el país se ha llenado de locales improvisados que operan sin control, sin pagar impuestos y, según denuncian sus propios colegas, con la mirada complaciente de las autoridades.
Esa es la dura realidad que expuso este martes la Federación Nacional de Bancas de Loterías (Fenabanca) en una rueda de prensa que dejó más preguntas que respuestas.
“El sector de bancas de lotería, si se regulariza de manera ordenada, aportaría al fisco miles de millones de pesos”, afirmó el vicepresidente de la entidad, José Armando Cedeño.
Y ahí está el nudo del asunto: si el Estado pierde tanto dinero, si las leyes existen y si el gremio lleva años pidiendo orden, ¿por qué el Ministerio de Hacienda sigue sin mover un dedo?
La denuncia no es nueva, pero sí más enfática. Fenabanca habla sin rodeos de “crecimiento masivo e irregular” del sector, de competencia desleal, de supremacía de las concesiones privadas y de una “complicidad por inacción” que ya roza lo escandaloso.
Según Cedeño, las bancas ilegales proliferan “en cada esquina”, superando ampliamente a las registradas y violando de forma sistemática la ley 139-11, la 253-12 y los decretos que supuestamente regulan la actividad.
Peor aún: ni siquiera se respeta la distancia mínima. La Resolución 104-10 del propio Ministerio de Hacienda prohíbe instalar bancas a menos de 200 metros de escuelas, colegios, estancias infantiles, iglesias u hospitales.
Los decretos 1167-01 y 730-02 son igual de claros.
Sin embargo, cualquier padre de familia que camine por los alrededores de un plantel educativo sabe que la norma es letra muerta.
“Hemos depositado cientos de denuncias explicando esta situación que afecta a escuelas, hospitales e iglesias, pero el desorden continúa porque las autoridades están en una inacción total”, lamentó el gremio.
La pregunta que flota en el aire –y que el propio Fenabanca se hizo pública– es incómoda: ¿por qué Hacienda no regulariza?
“Nosotros mismos nos planteamos esa interrogante”, reconoció Cedeño.
Y fue más lejos: “Quizás pudieran haber algunos beneficios de quienes están llamados a aplicar la ley y no lo hacen… de verdad que no entendemos cuáles son las razones”.
En un país donde el debate sobre la informalidad económica suele centrarse en colmados o motoconchos, el caso de las bancas de lotería revela un nivel de descontrol que roza lo anárquico.
No se trata solo de dinero que deja de entrar a las arcas del Estado.
Se trata también de la erosión de la confianza en las instituciones, de la protección a la niñez y de un sector formal que paga sus impuestos y se siente abandonado mientras los irregulares operan con total impunidad.
Fenabanca no pide favores.
Pide que se aplique la ley.
Pide fiscalización real, no discursos.
Pide que el mismo Estado que cobra impuestos a los que cumplen deje de mirar para otro lado cuando se trata de los que no lo hacen.
Porque si la regularización generaría “miles de millones” –como ellos mismos calculan–, la pregunta ya no es técnica.
Es política.
¿Hasta cuándo seguirá el Ministerio de Hacienda postergando una decisión que parece tan evidente como necesaria?
La pelota, una vez más, está en la cancha de las autoridades.
Y el reloj, como siempre en estos casos, corre a favor de los que operan en la sombra.
