El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional concluyó este jueves el juicio de fondo contra un grupo de generales, coroneles y civiles acusados de integrar un presunto entramado de corrupción administrativa que habría defraudado al Estado dominicano con miles de millones de pesos.
Las juezas Giselle Méndez (presidenta), Jissel Naranjo y Tania Yunes anunciaron que se reservaron para el próximo 15 de junio, a las 3:00 de la tarde, la fecha en la que emitirán la decisión final sobre el caso, considerado uno de los procesos judiciales más complejos y prolongados en materia de corrupción en el país.
El Ministerio Público solicitó condenas de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep); el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); el coronel Rafael Núñez de Aza y el general Rafael Camilo de los Santos Viola. Las solicitudes de condena varían entre cinco y veinte años de prisión, además de multas económicas, en función del grado de participación de cada imputado.
Al finalizar la audiencia, Cáceres tomó la palabra para defenderse y aseguró que no se pudo demostrar que se asociara con otras personas para dilapidar fondos públicos. “Las pruebas no han podido sustentar estas acusaciones”, enfatizó el militar, en un alegato que buscó contrarrestar la narrativa de la Fiscalía.
El juicio de fondo cumple en junio dos años de litigio, aunque el proceso completo se aproxima a cinco años, considerando que las medidas de coerción fueron impuestas en 2021. Durante este tiempo, el Ministerio Público presentó más de 3,500 pruebas, incluyendo documentos, peritajes, testigos y evidencias materiales, en un expediente que supera las 3,200 páginas.
Según la acusación, los procesados habrían sustraído más de RD$4,500 millones mediante operaciones fraudulentas en instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Entre los principales acusados figuran altos mandos militares, incluyendo mayores generales, coroneles y otros oficiales, así como civiles vinculados al entramado. Se destaca el caso del mayor del Ejército de República Dominicana (ERD), Raúl Alejandro Girón, quien pasó de imputado a testigo estrella de la Fiscalía, aportando información clave para sustentar las acusaciones.
Los fiscales aseguraron haber demostrado cada una de sus imputaciones mediante pruebas contundentes presentadas a lo largo del caso. Además, solicitaron la disolución de varias empresas vinculadas al entramado, el decomiso de bienes incautados —entre ellos propiedades, vehículos de lujo y dinero en efectivo— y sanciones económicas millonarias.
El proceso ha sido seguido de cerca por la opinión pública y por organizaciones de la sociedad civil, que han advertido sobre la importancia de que este caso concluya con sentencias ejemplares para evitar que se imponga la impunidad. La prolongación del juicio y los múltiples incidentes interpuestos por las defensas han generado críticas sobre la lentitud del sistema judicial y el riesgo de que los expedientes se extingan por exceso de tiempo.
El fallo previsto para el 15 de junio será decisivo no solo para los acusados, sino también para la credibilidad del sistema de justicia dominicano en su lucha contra la corrupción. La expectativa es alta, pues se trata de un caso que involucra a figuras de alto rango militar y a instituciones clave del Estado, lo que lo convierte en un símbolo de la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.
En definitiva, el juicio contra los generales, coroneles y civiles acusados de corrupción marca un momento crucial en la historia judicial reciente del país. La decisión que adopten las juezas del Primer Tribunal Colegiado será observada con atención por la ciudadanía y por la comunidad internacional, como un termómetro de la capacidad del sistema judicial dominicano para sancionar la corrupción en los más altos niveles del poder.
