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Contraloría establece nuevas normas para pagos a terceros y operaciones de “factoring”

Contraloría establece nuevas normas para pagos a terceros y operaciones de “factoring”

Santo Domingo.– La Contraloría General de la República (CGR) emitió la circular núm. IN-CGR-CIR-2026-0004, mediante la cual introduce nuevos lineamientos para reforzar el control, la trazabilidad y la transparencia en los pagos a terceros derivados de contratos de cesión de crédito y operaciones de “factoring” en el sector público.

La medida, firmada por el contralor general Geraldo Espinosa, busca asegurar la correcta identificación de los actores involucrados en las transacciones financieras del Estado y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Según lo establecido, serán rechazados los expedientes que no cumplan con los requisitos exigidos para procesar pagos cuando los proveedores hayan transferido sus derechos de cobro a otras personas o entidades.

La circular dispone que las instituciones públicas deben confirmar que el nuevo beneficiario del crédito cedido esté debidamente inscrito como beneficiario deductor tanto en la Tesorería Nacional como en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), condición indispensable para autorizar los desembolsos.

En los casos donde no exista dicho registro, las entidades deberán gestionar su regularización conforme a los procedimientos administrativos establecidos.

Asimismo, se precisa que los pagos deberán registrarse inicialmente a nombre del proveedor original, aplicando las retenciones e impuestos correspondientes, mientras que los montos cedidos se asignarán posteriormente al cesionario como beneficiario deductor.

Para las instituciones que no operan dentro del SIGEF, como algunos ayuntamientos, la Contraloría recomendó ajustar estos criterios en sus sistemas internos con el fin de mantener la coherencia de la información financiera y la actualización correcta de los compromisos contractuales.

Finalmente, la CGR reafirmó que continuará fortaleciendo los mecanismos de supervisión y control interno para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones en todas las entidades públicas.

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