El más reciente informe anual de Amnistía Internacional (AI) advierte sobre un deterioro generalizado de los derechos humanos en América, marcado por restricciones a la disidencia, represión de protestas y uso del aparato estatal para silenciar críticas mediante detenciones arbitrarias, violencia institucional y persistente impunidad.
Países en foco
AI señala como principales focos de preocupación a:
- Venezuela, Nicaragua y El Salvador, donde documentó patrones sistemáticos de persecución política.
- México, donde persiste la crisis de desapariciones forzadas.
- Estados Unidos, por el uso excesivo de la fuerza y políticas migratorias restrictivas.
Represión y justicia debilitada
El organismo subraya que la región enfrenta un deterioro del espacio cívico, con violaciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. En al menos una docena de países —entre ellos Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, México y Venezuela— se registraron restricciones a las protestas, uso ilícito de la fuerza y juicios injustos.
AI también alerta sobre el aumento de agresiones contra periodistas, incluyendo asesinatos en Colombia, Ecuador, México y Perú, además del uso creciente de mecanismos legales para intimidar a la prensa, como demandas por difamación y procesos penales irregulares.
Defensores en riesgo
La situación de los defensores de derechos humanos continúa siendo crítica. En casi todos los países se registraron ataques, hostigamientos y asesinatos, especialmente contra quienes defienden el medioambiente y los territorios indígenas.
En Colombia, se prevé que la violencia contra estos líderes supere niveles de años anteriores, mientras que en Perú y Chile se reportaron asesinatos y desapariciones.
Uso excesivo de la fuerza
El informe documenta operaciones policiales con saldo letal:
- En Brasil, una operación dejó más de 120 muertos en Río de Janeiro.
- En EE.UU., la policía mató a 1,143 personas en 2025, afectando de forma desproporcionada a la población negra.
- En Honduras y Perú, se denunciaron abusos durante estados de excepción y protestas sociales.
Detenciones arbitrarias y condiciones carcelarias
AI denuncia el uso sistemático de detenciones arbitrarias con fines políticos en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela.
- En Venezuela, al menos 806 personas permanecían detenidas por motivos políticos sin garantías judiciales.
- En El Salvador, más de 90,000 personas seguían privadas de libertad bajo el régimen de excepción.
Las condiciones de detención son otro motivo de alarma: hacinamiento, falta de atención médica y malos tratos fueron documentados en Bolivia, Ecuador, Haití y Uruguay. En El Salvador se reportaron torturas, muertes bajo custodia y castigos colectivos.
Crisis de derechos económicos y sociales
La falta de garantías estatales afecta especialmente a grupos discriminados. En Haití, Cuba y Venezuela se registraron graves fallas en servicios básicos como salud, electricidad y agua potable. En Paraguay y Guatemala persisten deficiencias en inversión pública y acceso a servicios esenciales.
Violencia de género y derechos reproductivos
El informe denuncia niveles alarmantes de femicidios/feminicidios en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay. Además, el acceso al aborto sigue enfrentando obstáculos en gran parte de la región y está totalmente penalizado en El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Pueblos indígenas y población LGBTI
Los pueblos indígenas enfrentan violaciones a sus derechos territoriales en Bolivia, Canadá y Ecuador, mientras que en Brasil y Colombia persisten la violencia y el desplazamiento forzado.
AI también alerta sobre el aumento de la discriminación y violencia contra personas LGBTI, especialmente contra la población trans, con asesinatos en Guatemala, Honduras y México, y políticas restrictivas en EE.UU., Paraguay y Perú.
Migración y medioambiente
En el ámbito migratorio, se denuncian prácticas de detención indiscriminada en EE.UU., expulsiones colectivas en República Dominicana y sistemas de asilo insuficientes en Colombia y México.
Finalmente, AI advierte que los Estados no han tomado medidas suficientes frente a la crisis climática, cuyos efectos agravan las desigualdades y la vulnerabilidad de las poblaciones más afectadas.
