El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este domingo la imposición de un nuevo toque de queda nocturno en varias zonas del país, como parte de un endurecimiento de las medidas contra la criminalidad que afecta a la nación sudamericana.
Alcance de la medida
De acuerdo con el decreto oficial, la restricción entrará en vigor el próximo 3 de mayo y se mantendrá hasta el 18 del mismo mes, limitando la circulación de ciudadanos entre las 23:00 y las 05:00 horas.
La disposición abarcará nueve de las 24 provincias del país, incluida Pichincha, cuya capital es Quito. También impactará territorios que ya habían sido intervenidos en marzo, como Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. A estas se suman Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos, estas dos últimas ubicadas en la frontera con Colombia.
Asimismo, el toque de queda se aplicará en municipios específicos como La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal, considerados puntos estratégicos dentro del plan de seguridad.
Objetivos del decreto
Según la Presidencia, la disposición busca “proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia del Estado en los territorios priorizados”, además de intensificar las operaciones contra estructuras delictivas.
Las autoridades recordaron que durante el toque de queda aplicado entre el 15 y el 30 de marzo se registraron más de 1,800 detenidos, muchos por violar la restricción, además de la incautación de armas, municiones, dinero en efectivo y combustible. También se desmantelaron pistas clandestinas y bocaminas vinculadas a actividades ilegales.
Contexto de violencia
Desde 2024, Ecuador permanece bajo un estado de “conflicto armado interno”, decretado por Noboa para enfrentar a las bandas criminales, a las que el Gobierno ha catalogado como organizaciones terroristas.
Sin embargo, la violencia sigue en aumento: en 2025 el país cerró con una cifra récord cercana a los 9,300 homicidios, según datos oficiales, lo que ha convertido a Ecuador en uno de los países más golpeados por la criminalidad en la región.
Reacciones sociales
El anuncio del nuevo toque de queda ha generado opiniones divididas. Mientras algunos sectores valoran la medida como necesaria para contener la violencia, otros advierten sobre el impacto en la vida cotidiana y la economía de las provincias afectadas.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que las restricciones deben aplicarse con respeto a las garantías constitucionales y que el Estado debe priorizar la protección de la población civil en medio de la crisis de seguridad.
Perspectiva regional
El endurecimiento de las medidas en Ecuador refleja la creciente presión que enfrentan los gobiernos latinoamericanos para contener la expansión de bandas criminales transnacionales, vinculadas al narcotráfico y a economías ilegales.
La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de la situación, consciente de que la violencia en Ecuador tiene repercusiones en la seguridad regional, especialmente en países vecinos como Colombia y Perú.
