No se trata de satanizar a todos los motoristas. La inmensa mayoría son trabajadores que, ante la ausencia de transporte público digno, encontraron en la motocicleta una herramienta de sustento. Son parte del tejido económico informal que sostiene a miles de familias. Eso es innegable y merece reconocimiento.
Pero también es innegable que existe un sector dentro de ese universo que opera con una sensación de intocabilidad que el Estado dominicano ha cultivado con su negligencia. Motoristas que van a contravía por avenidas de seis carriles. Que suben a las aceras cuando el tráfico los frustra. Que circulan a velocidades prohibitivas entre vehículos en movimiento, con niños en las motos y sin cascos. Que insultan, amenazan y en ocasiones agreden a los conductores que les cierran el paso aunque sea por accidente. Que se agrupan en segundos cuando uno de los suyos —con razón o sin ella— tiene un altercado.
Las estadísticas hablan con la frialdad brutal que los discursos evaden. Las motocicletas están implicadas en la mayoría de las muertes de tránsito del país. Los accidentes protagonizados por motoristas llenan las salas de urgencias del país cada fin de semana. Y sin embargo, el Estado continúa mirando hacia otro lado, prefiriendo la paz momentánea de no confrontar a un sector numeroso y organizado sobre la paz permanente de una ciudadanía protegida.
Esa cobardía institucional tiene consecuencias. Y una de esas consecuencias tiene nombre y tiene familia, y está enterrado.
La Complicidad del Estado
Años de omisión que se cobran en vidas humanas
Este editorial no pretende reducir el problema a un incidente, porque hacerlo sería una deshonestidad intelectual. Lo que ocurrió con el conductor del camión de basura es el resultado predecible de años de permisividad acumulada. Cuando una sociedad permite que grupos específicos operen fuera de la ley de forma sistemática, no está comprando paz: está financiando violencia futura a crédito. Y ese crédito vence, invariablemente, con sangre.
Las autoridades de tránsito han realizado operativos. Han confiscado motocicletas. Han emitido comunicados. Pero nadie que haya manejado por las avenidas de Santo Domingo, Santiago o San Pedro de Macorís en los últimos años puede decir con honestidad que las cosas han mejorado. Los mismos motoristas cuyos vehículos fueron incautados vuelven a circular días después. Las mismas paradas ilegales reaparecen en las mismas esquinas. La misma cultura de impunidad prospera, bien alimentada por la inacción.
«Cuando el Estado abdica su responsabilidad de hacer cumplir la ley, no crea un vacío: crea un espacio que la violencia ocupa con entusiasmo.»
Cuando el Estado abdica su responsabilidad de hacer cumplir la ley, no crea un vacío: crea un espacio que la violencia ocupa con entusiasmo. Y cuando la violencia se normaliza en el tráfico cotidiano —en el insulto, en el golpe a un capó, en el bloqueo amenazante— es solo cuestión de tiempo antes de que escale hasta el homicidio. No debería sorprendernos que haya ocurrido. Debería avergonzarnos que lo hayamos permitido llegar a ese punto.
Lo que se debe hacer
Justicia, regulación y voluntad política: el único camino
Este editorial exige, en primer lugar, que la justicia dominicana actúe con toda la contundencia de la ley sobre cada uno de los participantes en el linchamiento. Que no haya acuerdos extrajudiciales. Que no haya fianzas convenientes. Que no haya prescripciones fabricadas. Que cada persona que levantó la mano sobre ese hombre responda individualmente ante los tribunales. La figura de la turba no puede seguir siendo un escudo.
En segundo lugar, exigimos del Gobierno central y de las autoridades de tránsito una regulación real y sostenida del sector de las motocicletas. No operativos de temporada. No campañas fotográficas. Regulación permanente, fiscalización constante, sanciones efectivas e inapelables. Un registro actualizado de vehículos y conductores. Licencias que se otorguen y se revoquen con criterio.
En tercer lugar, exigimos que el Estado deje de tratar a ciertos grupos como intocables por razones electorales. La vida de un ciudadano pesa más que los votos de un sector. La dignidad de los que trabajan en silencio —como aquel conductor que salía de madrugada a limpiar lo que otros ensucian— vale infinitamente más que la conveniencia política de mirar hacia otro lado.
Lo que no podemos aceptar
▪ Que el linchamiento sea presentado como una «reacción comprensible» ante un conflicto de tránsito.
▪ Que los responsables enfrenten cargos menores que no reflejen la gravedad de un homicidio colectivo.
▪ Que las autoridades respondan con un operativo de dos semanas que se disuelve cuando baja la presión mediática.
▪ Que los líderes del sector de motoconchistas guarden silencio cómplice en lugar de condenar el crimen.
▪ Que la familia de la víctima quede sola ante el peso de buscar justicia.
▪ Que este editorial sea el último que se escriba sobre el tema porque el siguiente caso ya está ocurriendo.
«La barbarie no se justifica por la cantidad de quienes la ejercen. Un crimen cometido por muchos sigue siendo un crimen. La República Dominicana merece calles donde nadie tema ser linchado por un accidente de tránsito. Ese mínimo de civilización no es un lujo: es la base sobre la cual se construye todo lo demás.»
