El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se declaró este miércoles incompetente para conocer la recusación contra la jueza presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, interpuesta por la defensa del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de cobrar sobornos a un testigo en el caso de corrupción del Servicio Nacional de Salud (ARS Senasa).
Decisión del Pleno
La SCJ dispuso remitir el expediente a la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que sea esa instancia la que decida sobre la solicitud. La resolución núm. 49-2026 establece que corresponde a los jueces no recusados de la propia Corte de Apelación conocer y fallar la petición, previa convocatoria de su presidente.
El Pleno determinó que no le corresponde intervenir debido a que la Corte de Apelación puede integrarse válidamente con jueces no recusados, lo que excluye la competencia de la SCJ en esta etapa del proceso.
Fundamento legal
De conformidad con el artículo 71, numeral 4, del Código Procesal Penal, la Suprema Corte solo conoce recusaciones de jueces de cortes de apelación cuando la cantidad de recusaciones impide conformar el quórum necesario para decidir. En los demás casos, la propia corte, con sus jueces habilitados, es la encargada de resolver.
El caso contra Aurelio Valdez
La magistrada Muñiz actúa como jueza especial en el conocimiento de la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, señalado por el Ministerio Público de recibir un soborno de US$10,000 por parte de Roberto Canaán Acta, exgerente de atención al usuario del Senasa.
El Ministerio Público sostiene que Valdez Alcántara habría ofrecido influir en el proceso a cambio de dinero, lo que lo vincula directamente con un esquema de corrupción que afecta la credibilidad institucional del sistema de salud estatal.
Continuidad del proceso
Con esta decisión, el proceso continúa en la jurisdicción correspondiente, donde se evaluará si procede o no apartar a la magistrada Muñiz del caso, conforme a las garantías de imparcialidad e independencia judicial.
La recusación había sido presentada por la defensa del imputado bajo el alegato de que la jueza comprometió su imparcialidad al autorizar diligencias investigativas relacionadas con la entrega vigilada de dinero, lo que, según los abogados, implicaba un contacto previo con elementos probatorios del caso.
Integración del Pleno
La sesión del Pleno de la SCJ estuvo presidida por Luis Henry Molina Peña, junto a los magistrados Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Nancy Idelsa Salcedo Fernández, Justiniano Montero Montero, Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez y Anselmo Alejandro Bello Ferreras.
También participaron Rafael Vásquez Goico, Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, Samuel Amaury Arias Arzeno, María Gerinelda de los Reyes Garabito Ramírez, Francisco Antonio Ortega Polanco, Édynson Francisco Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Namphi Andrés Rodríguez y Yorlin Lissett Vásquez Castro.
Contexto judicial
La decisión de la SCJ se enmarca en un proceso de alta sensibilidad pública, donde se cuestiona la actuación de un fiscal acusado de corrupción y se pone a prueba la independencia de los jueces frente a presiones externas. El desenlace de la recusación será clave para definir la continuidad del caso y la confianza ciudadana en el sistema judicial.
