La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha publicado este lunes el Reglamento Núm. DGCP-SNCP-02-2026 relativo al Procedimiento Administrativo Sancionador, el cual entrará en vigor en los próximos 30 días. Este nuevo instrumento normativo tiene como objetivo asegurar una gestión pública más eficiente, justa y alineada con el Estado de derecho, estableciendo normas claras para el manejo de las sanciones impuestas a los proveedores del Estado.
El reglamento, que se enmarca dentro de la implementación de la Ley 47-25, promueve la transparencia y la objetividad en los procesos de investigación y sanción de infracciones cometidas por los proveedores, garantizando el respeto al debido proceso, la legalidad y la proporcionalidad. En este sentido, Carlos Pimentel, director general de la DGCP, destacó que este reglamento fortalecerá la seguridad jurídica al establecer criterios objetivos para la investigación, instrucción y decisión de los procedimientos sancionadores.
“Con su entrada en vigor, se consolida un marco procedimental uniforme que contribuye a una gestión pública más predecible y alineada con el Estado de derecho”, indicó Pimentel.
Entre los principales aspectos del reglamento se incluye la separación clara de funciones entre la investigación y la sanción, lo que busca asegurar la imparcialidad en los procedimientos. Además, se definen las etapas del procedimiento, los derechos de defensa de los administrados, y los mecanismos de decisión. El reglamento también regula la ejecución de las sanciones y establece su inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE), detallando las consecuencias jurídicas derivadas de la inhabilitación, tanto para proveedores individuales como para consorcios.
Las sanciones contempladas en el reglamento se aplicarán de acuerdo con la gravedad de la infracción, y se distribuyen en escalas de 1 a 5 años y de 5 a 10 años. Se introducen también procedimientos simplificados para aquellos proveedores que admitan las faltas y propongan reparaciones.
El reglamento también establece que las sanciones pueden extenderse a entidades vinculadas si se demuestra fraude o simulación para eludir las sanciones. Además, se contempla un mecanismo para restaurar el estatus de los proveedores una vez cumplida o revocada la sanción.
El reglamento completo está disponible para consulta pública en la sección de Marco Legal/Reglamentos Especiales en el portal de la DGCP.
Con esta medida, la DGCP avanza en la creación de un sistema normativo robusto que busca asegurar la eficacia, eficiencia y transparencia en los procesos de contratación pública en el país.
