El Gobierno de Venezuela informó este sábado que participará en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), previstas para el próximo 4 de mayo, sobre la disputa territorial con Guyana por la región del Esequibo, aunque subrayó que su presencia será únicamente para “mostrar ante el mundo la verdad” y ratificó que no reconocerá la jurisdicción de este organismo ni sus decisiones.
Posición oficial
“Venezuela acude a estas audiencias sólo para mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba”, señaló el comunicado difundido en Telegram por el canciller Yván Gil.
El Gobierno encargado de Delcy Rodríguez reiteró que su asistencia “no implica, en modo alguno, su consentimiento ni el reconocimiento a dicha jurisdicción” y cuestionó el proceso al afirmar que fue “incoado unilateralmente” por Guyana, que administra el Esequibo y también lo considera suyo.
Acuerdo de Ginebra como referencia
Asimismo, Caracas indicó que la “única solución posible” para la controversia territorial se encuentra en el Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento jurídico que Venezuela considera válido para alcanzar una salida mutuamente aceptable.
“Este tratado internacional es el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe, con el objeto de poner fin a la controversia territorial mediante un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes”, añadió el Gobierno, al tiempo que aseguró que “jamás renunciará al territorio que le pertenece”.
Antecedentes históricos
Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo, un territorio de unos 160,000 kilómetros cuadrados rico en minerales y yacimientos, comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía del área a la entonces Guyana Británica.
Décadas después, Venezuela declaró nulo ese fallo y firmó con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra, que estableció la búsqueda de una solución negociada.
Proceso en la CIJ
Guyana presentó el caso ante la CIJ en 2018, buscando la confirmación de la validez legal del Laudo Arbitral de 1899. Venezuela, por su parte, lo declaró nulo en 1962 y sostiene que la vía judicial no es legítima para resolver la controversia.
