La iniciativa de reducir a la mitad los fondos destinados a las organizaciones políticas, presentada como una medida para enfrentar el impacto de la crisis económica global, ha encendido el debate entre los principales actores del ámbito político.
Más allá del rechazo manifestado por sectores opositores, la discusión ha derivado hacia la interpretación de normativas vigentes. Dirigentes han puesto sobre la mesa disposiciones contempladas en la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, la Ley de Presupuesto del Sector Público y la Constitución, argumentando que estas regulaciones condicionan la viabilidad de la propuesta.
En ese contexto, el exsecretario general y aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, tildó la medida de “contraria al orden legal y constitucional”. A su juicio, el Poder Ejecutivo carece de atribuciones para efectuar una reducción unilateral de los recursos asignados a los partidos, subrayando que cualquier cambio debe ser aprobado por el Congreso Nacional.
Asimismo, advirtió sobre el uso de la coyuntura económica como herramienta política, señalando que el país se encuentra próximo a un proceso preelectoral. En ese escenario, sostuvo que el oficialismo dispone de ventajas estructurales y acceso a recursos estatales, mientras, según afirmó, se intenta debilitar financieramente a las fuerzas opositoras.
