Un tribunal del Distrito Nacional condenó a tres años de prisión y al pago de más de 14 millones de pesos en concepto de indemnización al propietario de un negocio de venta de agua para consumo humano, tras comprobarse su implicación en un caso de fraude eléctrico.
La sentencia
El Noveno Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó la condena contra Regino Martín Aza Ovalle, por violar los artículos 125 literal C y 125-2 de la Ley General de Electricidad 125-01, modificada por la Ley 186-07, que tipifica el fraude eléctrico en perjuicio del Estado dominicano y de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste S.A.).
La sentencia será cumplida bajo la modalidad de suspensión total de la pena, con condiciones específicas: residir en un domicilio fijo, abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas en exceso, no portar armas y realizar 50 horas de trabajo comunitario. De incumplir estas disposiciones, el procesado deberá cumplir la totalidad de la condena en prisión.
Indemnización económica
El tribunal ordenó a Aza Ovalle pagar RD$13,226,649.90 en favor de Edeeste por concepto de energía consumida y no facturada, además de un millón de pesos como reparación por daños y perjuicios ocasionados a la entidad distribuidora.
Investigación del Ministerio Público
La acusación, presentada por la procuradora de corte Carmen Díaz Amézquita y las fiscales Ruth Rodríguez y Martha Rodríguez, detalla que en febrero de 2024 se allanó el negocio de expendio de agua potable ubicado en la calle Respaldo María Montes, donde se comprobó la existencia de un suministro irregular.
El procesado utilizaba una línea directa en media tensión de 7,200 voltios para energizar siete transformadores de distribución —cuatro de 100 kVA y tres de 167 kVA— sin autorización de la empresa distribuidora.
Mensaje institucional
La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) destacó que la decisión judicial envía un mensaje claro: “El fraude eléctrico es un delito grave que conlleva consecuencias penales y económicas severas. Continuaremos trabajando para garantizar que la ley se aplique con todo su rigor”.
