En el marco de la rueda de prensa del diálogo opositor, el dirigente político Danilo Díaz considera que la propuesta de reducir los fondos públicos destinados a los partidos políticos constituye un atentado contra la democracia y el sistema de partidos en República Dominicana.
Riesgo de financiamiento ilícito
Díaz coincidió en que el financiamiento estatal es esencial para garantizar la transparencia y el equilibrio político. Señaló que, sin esos recursos, las organizaciones podrían caer en manos de narcotráfico, sectores oscuros o grupos empresariales con intereses particulares.
“Si se limita el financiamiento público, los partidos quedan expuestos a fuentes de dinero de procedencia dudosa, lo que pone en riesgo la institucionalidad democrática”, afirmó.
Críticas al Gobierno
El dirigente opositor acusó al Gobierno de realizar maniobras que favorecen al sector privado mediante la transferencia de recursos estatales. Recordó proyectos como el intento de venta de Punta Catalina, que, según dijo, reflejan una política de entregar bienes públicos a intereses particulares.
En ese sentido, sostuvo que las medidas de austeridad aplicadas en el financiamiento político no han sido acompañadas de una reducción en los privilegios del oficialismo, lo que genera desigualdades en la competencia electoral.
Contexto político
La discusión sobre los recortes a los partidos se intensificó desde 2022, cuando el Gobierno dispuso una reducción extraordinaria del 50 % en el financiamiento público, en medio de la crisis internacional derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania. Esa medida, aceptada en su momento por las organizaciones políticas, se ha mantenido hasta la actualidad.
Díaz advirtió que, conforme a la ley, los partidos ya reciben menos recursos en los años no electorales, pero que a esa reducción legal se suma el recorte extraordinario, lo que limita la capacidad operativa de las organizaciones opositoras.
Equilibrio democrático en riesgo
Finalmente, el dirigente del PLD sostuvo que estas decisiones reflejan una tendencia del Gobierno a debilitar el sistema de partidos, afectando el equilibrio democrático y favoreciendo intereses privados.
