El influyente diario digital El Faro denunció este jueves que el gobierno de Nayib Bukele congeló bienes de sus socios en represalia por sus publicaciones sobre presuntos tratos entre el mandatario y pandilleros.
Medida contra el medio
La acción afecta una cuenta bancaria y un inmueble, bajo el argumento de una supuesta deuda de impuestos que el periódico niega. El Faro vincula la medida con la reciente publicación de un documental que amplió sus denuncias sobre los presuntos pactos de Bukele con criminales.
“El objetivo final es silenciarnos”, señaló el medio en un comunicado, en el que acusa al gobierno de proceder contra sus accionistas. Sus colaboradores trabajan en el exilio desde hace un año.
Contexto político
Bukele, que gobierna con poderes absolutos, rechaza los señalamientos de haber pactado con las pandillas a cambio de apoyos para llegar al poder en 2019. El Faro recordó que los supuestos acuerdos se rompieron en 2022, dando paso a la guerra antipandillas bajo un estado de excepción.
Esa ofensiva ha conducido a la captura de unas 92,000 personas sin orden judicial, lo que ha motivado denuncias de crímenes de lesa humanidad por parte de juristas internacionales.
Reacciones internacionales
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, calificó la medida como “persecución” contra el medio, señalando que se suma a espionaje, difamación y amenazas de cárcel. “Es una prueba más de la deriva autoritaria de El Salvador”, escribió en X.
Antecedentes fiscales
El proceso contra El Faro comenzó en 2020, con acusaciones de evasión y lavado de dinero que el gobierno no ha logrado demostrar. En 2023, el periódico trasladó su estructura administrativa y legal a Costa Rica, tras 25 años de operaciones en El Salvador.
Periodistas exiliados
La denuncia se produjo un día después de que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informara que en 2025 se registró la mayor oleada de periodistas exiliados desde el fin de la guerra civil hace tres décadas.
Según el gremio, 53 comunicadores abandonaron el país el año pasado por acoso, vigilancia, amenazas o bajo la tipología de “exilio preventivo”.
