El comunicador y exalcalde Jhossan Capell fue entregado este jueves ante el Ministerio Público en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tras la orden de arresto emitida en su contra por la agresión física cometida contra José Luis Custodio Peña, padre de una de las víctimas mortales de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.
La entrega
El procedimiento fue realizado por el doctor Cruz Jiminian y Nelson Gutiérrez, quienes acompañaron a Capell hasta la sede judicial del Distrito Nacional. También estuvo presente el profesor Andrés Ramos.
El incidente
Capell fue sometido a la justicia tras ser acusado de propinarle una bofetada a Custodio en los pasillos del Palacio de Justicia, mientras se desarrollaba una audiencia relacionada con el proceso judicial del caso Jet Set.
El hecho ocurrió cuando el comunicador ofrecía declaraciones a la prensa en defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados en el expediente por la tragedia que dejó 236 fallecidos y más de un centenar de heridos en abril de 2025.
Medida judicial
Tras la agresión, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional solicitó una orden de arresto contra Capell, medida que, según fuentes judiciales, busca garantizar el respeto al orden dentro de las instalaciones judiciales y proteger a las víctimas vinculadas al proceso.
Reacción de la víctima
José Luis Custodio ha rechazado públicamente las disculpas ofrecidas por Capell y descartó cualquier posibilidad de conciliación, manteniendo firme su postura de que el comunicador debe responder ante la justicia por la agresión.
Contexto del caso Jet Set
El proceso judicial contra los hermanos Espaillat continúa en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se les acusa de homicidio involuntario y lesiones por operar el establecimiento sin los estudios técnicos necesarios y pese a advertencias sobre el deterioro de la estructura.
La tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025 durante un evento artístico se convirtió en uno de los hechos más dolorosos en la historia reciente del país, generando reclamos de justicia por parte de familiares de las víctimas y organizaciones sociales.
