La República Dominicana continúa avanzando en la expansión de las energías limpias, con estimaciones que indican que la capacidad de generación renovable no convencional podría alcanzar los 2,600 megavatios (MW) para el año 2028, casi cinco veces más que los 555 MW registrados en 2020.
Así lo informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien destacó que actualmente el país cuenta con cerca de 2,000 MW en producción de energías renovables, lo que ha sido posible gracias a una creciente atracción de inversiones en el sector.
Santos explicó que este desarrollo forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, al tiempo que se busca disminuir la vulnerabilidad ante las crisis internacionales del mercado energético.
El funcionario indicó que el sector eléctrico ha sido uno de los principales receptores de inversión extranjera en los últimos años, con alrededor de 3,000 millones de dólares invertidos en proyectos de energía renovable, además de un promedio anual de 1,000 millones de dólares en inversión extranjera directa.
Asimismo, señaló que el país impulsa proyectos de almacenamiento energético que permitirán mejorar la estabilidad del sistema eléctrico, especialmente en las horas de mayor demanda, entre las 7:00 y 11:00 de la noche. En ese sentido, adelantó que unos 200 MW de capacidad de almacenamiento estarían listos para finales de 2026.
En otro orden, el ministro resaltó que la minería, junto al sector energético, se ha consolidado como uno de los principales motores de inversión extranjera. Explicó que en el primer cuatrimestre de 2026 el sector minero creció un 10.7 %, aportando cerca de 20 mil millones de pesos en ingresos fiscales.
Santos agregó que este desempeño podría superar los 45 mil millones de pesos al cierre del año, impulsado principalmente por el comportamiento de los precios internacionales del oro, lo que refuerza el papel contracíclico del sector en la economía.
Finalmente, el ministro afirmó que el país debe continuar fortaleciendo la sostenibilidad ambiental y la inversión en las comunidades mineras, así como la revisión de la Ley Minera para garantizar una mayor distribución de los beneficios hacia la ciudadanía.
