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Petro denunció que su suspensión viola la ley y debe ser revisada por la Corte Suprema

Petro denunció que su suspensión viola la ley y debe ser revisada por la Corte Suprema

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que la orden de suspensión provisional dictada por la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, constituye una violación de la ley colombiana y que el caso debe ser llevado a la Corte Suprema de Justicia.

“En mi opinión, se ha violado la ley de Colombia y eso implica un proceso en la Corte Suprema de Justicia”, declaró Petro a las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU, tras conocerse la decisión de Arizabaleta.

Orden inédita

La congresista ordenó suspender a Petro hasta el 21 de junio a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando cierran las urnas de la segunda vuelta presidencial, por presunta participación en política durante la campaña.

El mandatario cuestionó la competencia de la Comisión para suspenderlo y aseguró que se trata de una operación para “extorsionar al Gobierno”. Además, sugirió que el abogado de Arizabaleta, Hollman Ibáñez, habría tenido vínculos con el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Defensa del presidente

Petro insistió en que no ha hecho “intervenciones políticas” y que la medida responde a “tener un pensamiento diferente”. Subrayó que, pese a ser presidente, conserva “derechos fundamentales”, en alusión a su derecho a pronunciarse sobre los comicios.

De concretarse la medida, sería la primera vez que un presidente colombiano es suspendido del cargo. Sin embargo, la decisión final corresponde al Senado, único órgano con potestad constitucional para hacerlo.

Contexto electoral

La suspensión se produce en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, en la que se enfrentarán Iván Cepeda, candidato de izquierda, y Abelardo de la Espriella, representante de la ultraderecha.

El episodio añade tensión al proceso electoral, marcado por denuncias de intervención política, acusaciones cruzadas y una estrecha vigilancia sobre el papel del mandatario en la campaña.

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